POR LOSdelitos de cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público agravado, un juez dictará el monto de la pena que deberá pagar por el escándalo del carrusel de los contratos el exconcejal Orlando Parada.

Eso está previsto que ocurra el 19 de marzo en los juzgados de Paloquemao.

Esta determinación se da después que el juez primero de conocimiento tomó la decisión de dictar fallo condenatorio al exconcejal Parada con base en que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó proferir sentencia.

Durante los alegatos de conclusión, el ente acusador advirtió que quedó suficientemente probado que el excabildante se benefició con la vinculación de 50 personas a la Unidad de Mantenimiento Malla Vial (UVM, a mediados del 2009, constituyéndose el delito tráfico de influencias.

En cuanto al delito de cohecho impropio, el ente acusador insistió en que Parada Díaz habría recibido cerca de 400 millones de pesos por parte de un tercero en septiembre de 2010, “Lesionó la administración pública al no actuar con pulcritud, transparencia y moralidad”, concluyó el delegado fiscal.

Algunos de los funcionarios beneficiados con los nombramientos fueron recibidos como testigos en el juicio, quienes a su vez corroboraron la teoría de la Fiscalía de haber sido contratados por ser cercanos a los exconcejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Parada Díaz. “Se probó hasta la saciedad la entrega irregular de dineros, cargos y contratos durante el gobierno del exalcalde Samuel Moreno Rojas”, sostuvo el delegado del ente acusador.

Mientras el exconcejal deberá continuar privado de la libertad en la cárcel La Picota, el juicio contra expresidente del Concejo de Bogotá se inició a finales de julio del año pasado porque la fiscalía tenía entre su material probatorio, las fechas, días y horas de las actividades delictivas.

En cuanto al cohecho impropio, en septiembre de 2010, el excabildante determinó a Daza para que recibiera  la cifra de $400 000 000 de pesos, a través de un tercero identificado como Manuel Sánchez. “Lesionó la administración pública al no actuar con pulcritud, transparencia y moralidad”, concluyó el delegada fiscal.

En firme

De otro lado pero en el mismo caso del ‘carrusel’, la Procuraduría General de la Nación consideró que existían pruebas suficientes contra el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, quien aceptó dinero para contribuir en la adjudicación del millonario contrato para el servicio de ambulancias de Bogotá que tuvo un costo de 67 mil millones de pesos.

Según la Procuraduría que se pudo probar que Zambrano acordó promesas remuneratorias con el contratista Emilio Tapia para que le adjudicaran el millonario contrato a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, empresa del contratista.

“La promesa remuneratoria se llevó a cabo en diferentes reuniones realizadas por Héctor Zambrano Rodríguez, Emilio Tapia Aldana, Federico Gaviria e Hipólito Moreno, entre el 27 de mayo de 2009, fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones, y el 30 de septiembre de 2009, fecha en que se suscribió el contrato”, dijo la Procuraduría.

Al tiempo que Zambrano, actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota, fue procesado penalmente con una condenado a 13 años de cárcel que fue rebajada por el Tribunal Superior en 12 años y cinco meses, queda inhabilitado por 16 años.