Una vez sea promulgada la reforma constitucional que será conciliada el martes, el Presidente tendrá los mecanismos para desarrollar un proceso de paz en cualquier momento siempre y cuando se oportuno y existan las condiciones para desarrollar diálogos de paz.

Se trata del Marco Legal para la Paz, aprobado en último debate por la plenaria del Senado.

 

 

Principales puntos

En el acto legislativo aprobado se contempla la figura de una eventual renuncia a la persecución penal.

También se pretende que las graves violaciones a los Derechos Humanos no queden impunes, a través de una estrategia integral de investigación de crímenes.

 

El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal.

Igualmente se establece condenas pero con penal alternativas que los decide una ley estatutaria que será presentada por ante el legislativo y la Comisión de la Verdad.

También se deja claro en uno de los parágrafos que la suscripción de todo acuerdo de paz requiere la liberación previa de los secuestrados.

 

En el primer artículo se indica que el tratamiento penal estará sujeto a la terminación del conflicto armado interno y por tanto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

Los casos de la aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual.

Igualmente se deja expresó en artículo 2 que una vez el Gobierno Nacional presente al Congreso el primer proyecto de ley que autorice la aplicación de los instrumentos penales establecidos, el Congreso tendrá cuatro años para proferir todas las leyes que regule esta materia.

 

Preocupaciones

Una vez aprobado el Marco Legal para la Paz, con una votación de 65 a favor y 3 en contra, el senador antioqueño Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), se mostró preocupado porque los delitos del narcotráfico no se sancionarían.

“Quedo tranquilo porque los delitos de lesa humanidad no pueden ser conexos con los políticos, pero el narcotráfico puede ser conexo y eso puede ser grave porque puede no sancionarse el delito del narcotráfico”, indicó Vélez.

El senador vallecaucano Roy Barreras, también de La U, indicó que entiende las voces minoritarias que pensaron que otorgarle una salida dialogada al conflicto es debilidad, pero que eso no es así.

“Los únicos caminos para cerrar el conflicto es mediante justicia transicional y hoy Colombia le abrió las puertas”, aseguró Barreras.

El senador liberal Jesús Ignacio García expresó que ahora sigue la conciliación ya que hay unas diferencias en el texto, que no son sustanciales. “Aquí por ejemplo se agregó que los delitos de lesa humanidad jamás se podrán considerar conexos con el delito político y en la Cámara no lo consideró y por eso se debe conciliar”.

Daira Galvis, de Cambio Radical, manifestó que este proyecto lo necesitaba el país porque el Jefe del Estado debe tener herramientas constitucionales para desarrollar procesos de paz.

 

Cerrajero

Barreras expresó su plena satisfacción porque “colombianos de todos los partidos políticos representados en el Congreso, aprobaron esta enmienda constitucional que permitirá garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, asegurar que haya justicia por la investigación y sanción de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, y además garantizar la posibilidad de la paz en el futuro”

El senador Barreras insistió que el proyecto no genera impunidad. “Impunidad es lo que hay hoy, cuando por un mar de denuncias al borde del colapso, la ley de justicia y paz no ha permitido sino 2 condenas de 340 mil delitos, y los máximos responsables de éstos terminarán saliendo libres sin que digan la verdad y sin las condenas que las víctimas esperan”, dijo.

Durante el debate, el congresista sostuvo que “es gracias a este Marco para la Paz, que podrán seleccionarse esos casos más graves y los máximos responsables para investigarlos y sancionarlos. Pero no solamente habrá justicia con esta iniciativa, habrá también –y es lo más importante-  la posibilidad de que las víctimas conozcan la verdad, la posibilidad de desentrañar y desnudar las organizaciones criminales que tanto daño le hicieron al país durante 50 años, y que dejen de existir como amenaza para Colombia y se conviertan en colombianos y colombianas constructores de democracia, paz y futuro”.

 

 

Herramienta

Con la aprobación, el Congreso le entrega a Colombia la “herramienta idónea para  consolidar la paz”, destacó el ministro del Interior, Federico Renjifo.

“A nombre de todos los colombianos les agradezco el compromiso demostrado con el país al aprobar este acto legislativo, no solo porque los congresistas de todos los partidos, incluyendo a la oposición fueron mejorando el texto del mismo para entregarle al país un marco para la justicia transicional y que permitirá a éste u otro gobierno poner punto final al doloroso conflicto que padecemos”, enfatizó el jefe de la Cartera política.

El ministro Renjifo reiteró que el texto aprobado garantiza la verdad, justicia y reparación, y que en él no habrá cabida a la impunidad.

“El Marco de Justicia Transicional no es un marco para la impunidad y quiero ratificarle a ustedes que así será. Hay que insistir en que es la mejor manera de reparar a las víctimas. No olvidemos que la mejor justicia debe ser la paz, pero también les recuerdo que este acto legislativo no es en sí mismo un proceso de paz”, afirmó Renjifo.

 

 

Recursos para la paz

El ministro Renjifo abrió la posibilidad de que parte del presupuesto del Ministerio de Defensa sea destinado a la inversión social una vez termine el conflicto armado interno, tal como lo pidió el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda.

“Quiero ser leal en una posición que le afirmé al senador Avellaneda y es que el día que se presente la Ley Estatutaria ésta deberá contener la preeminencia del gasto social, una vez haya terminado el conflicto, frente a las disminuciones que pueda tener el gasto militar,  ante eventuales acuerdos de paz”, indicó el ministro Renjifo.

El Jefe de la Cartera Política explicó que la iniciativa propuesta por Avellaneda no fue incluida en el Marco Jurídico de Justicia Transicional "porque ni los congresistas ni el Gobierno Nacional ven viable poner en la Constitución porcentajes o iniciativas de gasto que no son necesarias y que se conviertan, a futuro, en una camisa de fuerza".