Esta propuesta no se votó y quedó pendiente para mañana. La subcomisión que estudió las proposiciones quiso darle un tratamiento especial a los afectados por el conflicto. Ahora el turno es para las preguntas y puntos que cuestiona la Fiscalía.

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La participación política de los congresistas de las Farc concentró ayer las discusiones en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. Durante el transcurso del debate, se indicó que los cabecillas de la guerrilla no podrían ser congresistas sin antes ser juzgados por la JEP.

Para este miércoles a las 8 de la mañana continúa la sesión de aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Se alcanzaron a aprobar los artículos 1, 14, 15, 16, 24, 28, 33, 47, 147 y un artículo nuevo, todos relacionados con víctimas.

La polémica se concentró en que antes de participar en política, los integrantes de la guerrilla de las Farc deberían pasar por la Justicia Especial para la Paz. Esto lo propuso la senadora Claudia López de la Alianza Verde durante la discusión de la ley reglamentaria de la Paz.

Esta iniciativa  originó polémica entre los partidos políticos. Según López, “esta es la última vez que tenemos para tomar una determinación, eso del tema de participación en política de quienes se someten a la JEP, el acuerdo dice claramente que el hecho de someterse a la JEP o incluso de ser condenado en la JEP no vulnera ningún derecho político, porque se trata que quienes se someten ahí pueden recuperar completamente los derechos políticos”.

Sostuvo que “nosotros queremos proponerles a las Comisiones Primeras que tratemos de encontrar un punto medio en el que se sometan a la ley, primero se hayan sometido, segundo hayan sido juzgados y su pena se haya impuesto, por lo menos que hayan sido juzgados, y en esa medida progresivamente se recuperen los derechos políticos”.

Una vez se hizo la propuesta, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tomó la palabra y rechazó categóricamente el argumento de Claudia López, “como lo hemos dicho en varias ocasiones en este y en otros recintos el Gobierno nacional está en la obligación de honrar los acuerdos, y en ellos lo que se dijo expresamente es que las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrían afectación en los derechos políticos, así también se señaló expresamente en el acto legislativo”.

Argumentos

Sostuvo también que “entendiendo el argumento  de la doctora Clara López, no lo compartimos porque va en contravía de los acuerdos en La Habana que se suscribió el 24 de noviembre del año anterior”.

Anotó que “lo que hemos dicho claramente es que si bien las sanciones emanadas por la jurisdicción para la paz, no podrán afectar los derechos políticos a ser elegidos, lo que sí podría ocurrir en la práctica, es que quienes comparezcan ante la JEP y no ofrezcan la verdad y no se comprometan a reparar a las víctimas, corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias en el marco de la JEP y esas sanciones incluyen privación de la libertad, en ley no podemos decir más allá del acuerdo y no podemos decir más de lo que está en el acto legislativo”.

A renglón seguido el senador Alfredo Rangel tomó la palabra y manifestó que “obviamente lo que ha dicho el Ministro del Interior aquí es una confesión de parte, no se le estaba pidiendo, pero lo ha hecho y es que está reconociendo que el acuerdo de La Habana es el máximo referente de la Justicia transicional, y que el acuerdo es un acuerdo político”.

Entre tanto el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical,  indicó que “la propuesta que hace la doctora Claudia López, creo que tiene la mayor pertinencia y no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político por la viabilidad del proceso, yo he venido insistiendo en ese tema porque para la opinión pública no va ser sencillo encontrar a sus victimarios en los mismos sectores por los cuales tuvieron influencia, bien sea de un lado o del otro sin haberse sometido a la justicia especial para la paz”.

Las víctimas

De otra parte, otra de las discusiones fue dejar establecido y con claridad el tema de la reparación a las víctimas en los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz, es la propuesta que se hizo en las Comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Se espera que hoy se reúnan con el fiscal Néstor Humberto Martínez.

El representante Hernán Penagos, uno de los conciliadores y ponente de la iniciativa, “de las 100 proposiciones, cerca de 45 han sido concertadas, todo el tema de victimas lo tenemos recogido para hacer unas propuestas a algunos artículos”.

“Nos quedan las proposiciones de la Fiscalía General que esperamos estudiarlas hoy”, manifestó.

Anotó que se espera entregar el estatus de intervinientes especiales  a las víctimas, lo que quiere decir darle más facultades  en términos de procedimiento penal.

Señaló que las sentencias que en su momento expida el tribunal se debe dejar en claro el reconocimiento a la reparación a las víctimas.

El senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, anotó que “se hizo un estudio muy detenido de las proposiciones, pero son más recomendaciones de forma que de fondo. Hay muchas proposiciones sobre víctimas y lo que se trata es que el texto no quede confuso, ni extenso, sino que quede un texto de fácil interpretación y de fácil aplicación”.

Dijo que muchas de las proposiciones son de carácter procedimental y eso es un trabajo posterior que se reglamentará en una ley posterior. Y expresó que ahora se estudiarán las propuestas del Fiscal General.

Sin respaldo

Entre tanto el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, manifestó que “ya se conoce por parte del país algunas solicitudes que ha hecho el Partido Cambio Radical de corregir lo que en criterio de muchos miembros del Partido son situaciones dramáticas en el país, y se ha tomado una determinación de bancada de no respaldar esta iniciativa y como es una determinación de bancada se mantiene la decisión de los senadores de Cambio Radical”.

Por su parte, Carlos Abraham Jiménez, representante de Cambio Radical y vicepresidente de la Comisión Primera, recalcó que “esperamos que las proposiciones que son razonables que hemos presentado algunos miembros de Cambio Radical sean aceptadas, nosotros no estamos en contra del proceso, estamos en contra de algunos artículos que no nos dan tranquilidad, no garantiza la verdad, la reparación, ni mucho menos las entregas por parte de los integrantes de la guerrilla”.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, recordó que el Fiscal aseveró que son 17 mil compulsas de copias que salen de Justicia y Paz donde están todos los civiles que son la cuota inicial que entregará la sociedad civil para que sean juzgados.

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