“Lo que efectivamente procede en materia de prevención a la práctica ilegal de la actividad de transporte es una que ofrezca a los ciudadanos una real alternativa para suplir su necesidad de movilización”.

Así lo planteó un grupo de congresistas en la exposición de un proyecto de ley radicado hace poco más de un mes.

Para los legisladores, el Estado “está en el deber de garantizar a la población el servicio básico” del transporte público, “por lo tanto una medida restrictiva” como la de prohibir el mototaxismo “lo que hace es suprimir de un plumazo la única alternativa, así sea externa a la legalidad, que muchos ciudadanos tienen”.

“El derecho fundamental prima sobre la seguridad y demás fundamentos que se exponen cuando se toma una medida de estas. Por lo tanto, cualquier restricción debería estar precedida de una solución eficiente por parte del Estado”, anotaron los dirigentes políticos.

Regulación

El planteamiento está contenido en la exposición de motivos del proyecto de ley número 173 de 2015 Cámara, “por el cual se establecen condiciones y criterios para el tránsito y circulación de motocicletas y motocarros en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”, radicado el 2 de diciembre por los representantes Alfredo Ape Cuello, Miguel Ángel Barreto, David Barguil, Lina María Barrera e Inés Cecilia López, del Partido Conservador, así como por Carlos Eduardo Guevara, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

El objetivo de la iniciativa es unificar las condiciones y criterios que deben tener en cuenta los alcaldes municipales y distritales al momento de tomar medidas que restrinjan el tránsito y circulación de motocicletas y motocarros en sus territorios para garantizar una movilidad sostenible, la seguridad ciudadana y la prevalencia del interés general.

Accidentalidad

“En algunos casos se ha argumentado que una de las ventajas de las restricciones en el uso de las motocicletas es que los accidentes de tránsito se han disminuido de manera importante”, reseñaron los congresistas, señalando que “obviamente que las medidas restrictivas a la circulación de las motocicletas va a tener un impacto en la accidentalidad: son menos vehículos circulando durante ciertas horas del día o en ciertas zonas de la ciudad. Mediante esta lógica, la mejor medida para disminuir la accidentalidad sería colocar una restricción total (todo el día en toda la ciudad) a todos los vehículos, la disminución en la accidentalidad sería del 100 por ciento”.

“Se argumenta que, debido a que las motocicletas colocan el mayor número de muertes y lesionados por accidentes de tránsito, al restringir la circulación de estos vehículos se tiene un impacto significativo en la accidentalidad. Sin embargo, esta visión del problema de la accidentalidad es equivocada. Si observamos las cifras absolutas de muertes y lesionados por accidentes de tránsito, entonces, se puede argumentar que los motociclistas representan el mayor porcentaje de víctimas mortales y/o lesionados en accidentes de tránsito. Sin embargo, si estas cifras se miran en términos relativos al número de vehículos, lo que se puede observar es una drástica disminución en las tasas de mortalidad y de lesionados en accidentes de tránsito por parte de las motocicletas”, indican los congresistas.

“Otro punto que vale la pena analizar es el aspecto de causalidad en los accidentes de tránsito. Por una parte analizar la causa del accidente, y por otra parte, en el caso de colisiones entre una motocicleta y otro tipo de vehículo, analizar quién fue el responsable de esa colisión”, anotan en la exposición de motivos.

Restricciones

La iniciativa resalta en su artículo primero que busca unificar las condiciones y criterios en los que pueden apoyarse las autoridades locales para ordenar el tránsito de las motocicletas por su respectiva jurisdicción para garantizar una movilidad sostenible, la seguridad ciudadana y la prevalencia del interés general.

Los congresistas argumentan que las medidas restrictivas para las motos que se han implementado en los diferentes municipios de Colombia se han hecho con objetivos generales. Ninguna de ellas ha hecho alusión a características socioeconómicas específicas de su municipio. Los alcaldes o los secretarios de tránsito respectivos no han hecho análisis socioeconómicos sobre el impacto de la medida restrictiva que han impuesto. Todas ellas hacen referencia a temas de movilidad en sentido general.

Por ejemplo, las medidas restrictivas de motos justificadas en temas de seguridad, presentan cifras globales asociadas a temas de seguridad en el municipio respectivo. En términos generales, cualquier municipio de Colombia podría tomar la misma resolución y cambiar las cifras de seguridad y aplicar la resolución tal cual.

La gran mayoría de las más de 140 medidas restrictivas para la circulación de motocicletas en el país, aprobadas en los diferentes municipios por sus respectivos alcaldes, no tienen cifras, son generales y no específicas para el municipio, no hacen alusión a alguna especificidad del municipio, no se basan en análisis profundos sobre la situación del municipio, y no tienen siquiera argumentación que las sustenten o estudios que las justifiquen.