Papeles de Panamá: concierto para delinquir y falsedad | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 5 de Octubre de 2016
Redacción Nacional

En dos delitos estarían incursos los colombianos que aparecen en los Papeles de Panamá, cuya investigación, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, avanza a pasos agigantados, con la colaboración de la DIAN.

Dentro de la investigación el ente acusador ha detectado que abogados, contadores públicos y hasta entidades financieras, estarían involucradas en ese escándalo.

Martínez indicó que en dichas investigaciones se encontró la comisión de concierto para delinquir y falsedad en documento público.

“El elemento principal ha sido la falsificación de documentos para generar gastos artificiales con miras a la creación de canales cambiarios hacia paraísos fiscales, menoscabando la integridad de los deberes fiscales frente a Colombia y creando canales para llevar riqueza nacional al exterior”, aseguró Martínez.

 Señaló que la investigación de los Papeles de Panamá “no será una indagación de anaquel”, por lo que se comprometió a descubrir sus ramificaciones internacionales y que antes de diciembre se verán las primeras decisiones por parte del ente acusador.

“De la esencia de Papeles de Panamá es la existencia de capitales en el exterior, que no por el hecho de tenerlos afuera constituye una conducta ilegal, la conducta punible se da en la elaboración de documentos para crear gastos artificiales, bajar las fuentes de los impuestos nacionales y mantener patrimonios en paraísos fiscales”, explicó.

Así mismo, indicó que los colombianos están cansados de ver como los responsables de corrupción pagan sus penas en la casa. “Es un ejemplo equivocado”, dijo el fiscal Martínez.

“Necesitamos enviar un mensaje universal a la comunidad de naciones por eso vemos la posibilidad de ofrecer en extradición a los corruptos cuando han tocado otras jurisdicciones”, agregó.

Martínez aseguró que el tratamiento con los empresarios y funcionarios públicos implicados en hechos de corrupción, debe ser el mismo que se usó con los narcotraficantes.

Señalo que “frente a esta realidad y en el afán de la lucha contra la corrupción creo que el Estado debe ofrecer en extradición a esta clase de delincuentes como en su momento lo hicimos con los narcotraficantes, los bolsillos de los servidores públicos deben ser de cristal”.

Para el jefe de la Fiscalía el mensaje debe ser claro y cuando las inversiones que tiene origen ilegal, llegan a otros países se constituye un lavado de activos.

“La corrupción está deteriorando cada vez más la democracia en lo local, afectando la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad más próxima. Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política municipal, llegarán a ser gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, y -una vez extendidos a este nivel- finalmente habrán de capturar la vida nacional, para imponer su nueva filosofía en la que lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia nacional”, dijo.

Recordó que con Planeación Nacional se han echado a rodar investigaciones en materia del Sisben y de regalías, “que han terminado por ser venas rotas de nuestro presupuesto”.

Con referencia a la salud indicó que está siendo amenazada en integridad financiera, porque se ha convertido en la mina de la corrupción.

Por ello he creado un grupo especial de fiscales cuyo principal propósito es investigar en el sistema general de salud y seguridad social los delitos que hayan sido cometidos por sus estructuras internas.

Los frentes de trabajo son diversos: indagamos lo ocurrido en Saludcoop, la contratación de Cafesalud, la desviación de recursos en Coomeva, cuya cifra investigada asciende a $2.962 millones; el deterioro patrimonial de Caprecom por $1.292 millones, las denuncias frente a la Nueva EPS por valor de $1.000 millones y los multimillonarios recobros al Fosyga.

La lista la encabeza el hospital público Erasmo Meoz, de Cúcuta, con un monto de $20 mil 571 millones, seguido de Saludcoop, con más de $20.000 millones, el Hospital San Vicente, de Arauca. La denuncia es por $3.045 millones y luego la Clínica San Francisco, de Tuluá, donde los cobros indagados son de alrededor de $670 millones.

Con relación a Reficar, señaló que aunque las indagaciones son muy complejas, avanzan con pie firme y a estas alturas son objeto de privilegiada cooperación judicial internacional.

“Hablamos de un proyecto de más de 8 billones de dólares”.