Un panorama oscuro e incierto sobre el proyecto de la reforma a la salud, quedó planteado en el marco de un foro convocado por la Universidad del Rosario.

En el debate surgieron profundas discrepancias entre los partidos políticos y el gremio que representa a las EPS.

Aunque las dos partes coinciden en la eliminación de la integración vertical con el fin de beneficiar realmente al usuario acotando algunas modificaciones a los proyectos inicialmente presentados ante el Congreso, hay grandes diferencias de fondo.

El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria sostuvo que la integración vertical es el nido de corrupción de Colombia, sin embargo, las EPS fueron nueva y duramente criticadas también por la jefa del Polo Democrático Alternativo, Clara López, y no tan apático al tema se mostró el directivo del Partido Conservador, Armando Zabaraín.

Otros argumentos

Algunos de los argumentos fueron que las EPS sencillamente acuden a un cambio de nombre pero no hay un cambio de fondo en su administración, ante lo que el presidente de Acemi, Jaime Arias, admitió algunos errores pero defendió las actuaciones de las entidades.

También se exigió una reforma estructural y no ajustes aislados que permitan que se continúe con el desangre al sistema, a lo que el viceministro de Protección, Norman Muñoz, adujo que no se sanearán las deudas indebidas ni se premiará a quienes hicieron mal la tarea.

Justamente se conoció el pronunciamiento de la Asociación de Sociedades Científicas, en cabeza de Carlos Francisco Fernández, en el que pidieron a los partidos políticos agilizar el trámite en el Legislativo y no distraerse en otros temas.

“La urgencia a esta propuesta de cambiar los tiempos de los mandatarios es como firmarle anticipadamente el certificado de defunción a la ley estatutaria de salud. Independiente de la agenda electoral, la prioridad social es mejorar el sistema de salud de los colombianos y una reforma sin la definición del derecho fundamental en ella, es una reforma coja”, añadió el funcionario.

Durante el foro se discutió la visión de los partidos políticos frente a la reforma de la salud, al que también asistieron Orlando Jaramillo, presidente de Méderi; Santiago Cabrera, presidente de la Clínica Cardio-Infantil y Fernando Fonseca, presidente de Clínicas de la Organización Sánitas.

Néstor Álvarez, representante de los usuarios también tuvo participación en el que Sinaí Arévalo, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y José Rodrigo Vargas, consultor en temas de salud, plantearon sus inquietudes.

Más críticas

En una de las últimas audiencias realizadas en el Congreso sobre la reforma a la salud, el presidente de Asosalud, Jaime Enrique Donado, enfatizó en que el proyecto “pone a las EPS como Entidades Gestoras de Salud dándoles todo el poder y la rectoría de la política pública del sector, esas entidades particulares deberían desaparecer y ser el Estado quien tome el control”.

En su opinión, es más que necesario “darles solución a los problemas que derivaron en la crisis del sistema, es decir, buscar la forma en que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras y cancelen las deudas que tienen con las instituciones prestadoras de servicios”.

 

El desconocimiento

Para el presidente de Acemi, Jaime Arias, “este fue un foro que demuestra que hay muchos vacíos de conocimiento de los diferentes partidos políticos.

Hay unos temas que no han investigado suficientemente como la integración vertical, dicen muchas cosas pero no hay una sustentación lógica e importante del tema. La realidad de la integración vertical es que en el mundo, si no se hace en el nivel básico, lo que llaman la puerta de entrada de los servicios, no funciona el aseguramiento público para comenzar.

Otros aspectos de la integración vertical sí se pueden eliminar pero me preocupa que haya desconocimiento porque quiere decir que el Congreso va a dar un debate dentro de una gran ignorancia de temas.

La integración vertical es un mecanismo que existe en todos los sectores sociales y empresariales, se hace cuando los mercados son todavía muy inmaduros. Cuando se maduran pues ya no es necesaria y comienza un proceso de desintegración.

Por eso, defiendo un aspecto de la integración, no todo”.

 

Defensa de las EPS

Al argumentar que no hay oferta hospitalaria y que hay las actividades hospitalarias que no generan grandes ingresos como en pediatría y especialidades generales, el presidente de Acemi, Jaime Arias, defendió la labor de su agremiación.

“Hay que construir las clínicas o si no, la gente se queda sin servicios, pero algo que es muy claro es que no todas las EPS son ladronas, eso es casi como decir que casi todas son ladronas, eso no es cierto y lo rechazo tajantemente.

Hay unas EPS que han cometido fallas pero hay muchas otras que funcionan muy bien.

Durante el foro dijeron que no se construyen camas porque no les envían los pacientes, pero resulta que muchas veces se ven en dificultades buscando una cama de pediatría y no la encuentran. Por eso se ven los pacientes hacinados en las urgencias.

También dijeron que a las EPS les convienen los recobros. No, eso no es cierto, los recobros están acabando con las EPS y son la causa por la cual las EPS no les están pagando buena parte a los hospitales, pues han tenido que gastar la plata en créditos para cumplir.

La solución es eliminar los recobros y en la reforma hay una solución importante y es incorporar todos los recobros al POS.

 

No a la eliminación vertical

El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, argumentó que su colectividad se mantiene en la posición de eliminar la integración vertical.

“Sin eso la ley no tendría sentido, sería avanzar de manera cosmética, mantener la cultura del acetaminofén y el ibuprofeno, las largas filas y las problemática para conseguir citas.

La integración vertical es donde se han robado la plata de la salud y es el nido de corrupción de Colombia.

Los escándalos de Saludcoop  muestran cómo se ordeñaba la plata de los usuarios a través de empresas vinculadas a los ejecutivos”.

 

Preocupación por procesos

En opinión de la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, quien también se opone a la integración vertical, “esta es precisamente es una de las razones por las cuales no funciona el mercado que permite que grupos empresariales utilicen las normas para embolsillarse los recursos de la salud”.

“Nos preocupa que con la reforma, las investigaciones que adelanta la “Contralora, puedan quedar subsanadas con las modificaciones que se hacen”.

Al Polo, en términos generales, le gustaría una reforma estructural y no esta ley de ajustes que en algo soluciona temas menores, pero nada más”.

No podemos negar el tema de no entregarle directamente a las EPS el dinero sino a los prestadores directos de salud, es un avance, pero parcial porque sigue la integración de administración por parte de las EPS”.

“Veo con mucha preocupación este proyecto porque el viceministro de Protección hizo una importante presentación pero en ningún momento mencionó que la salud es entendida como un derecho fundamental y no como un servicio público más”.

“Creo que la utilización de la salud como mercancía tiene que eliminarse y por eso exigimos una reforma estructural y no estos detalles menores”.

 

Los tiempos

Como aún no ha empezado el debate en el Congreso de la República y “pese a que el tema tiene urgencia en el Congreso, de la rapidez solo queda el cansancio. Me preocupa que queden normas mal redactadas o redactadas amañadamente, que es lo que normalmente sucede cuando hay afán, y esas acaban beneficiando a unos y perjudicando al de siempre, al paciente”, comentó la presidenta del Polo, Clara López.

En cuanto a Mi-Plan, añadió que “es algo que me llena de inquietud porque es básico, no tiene prestaciones explícitas y lo que queda por fuera es gravísimo. La discapacidad, las enfermedades terminales, nada de lo que se convierte en el desangre del bolsillo de los enfermos queda. Van a tener que hacer una modificación del fondo”.

En lo que respecta al desconocimiento que aseguraron algunos sectores como el presidente de Acemi, indicó que “el tema es otro, creo que la gente sí entiende el tema de fondo, pero lo que pasa es que no están dispuestos a hacer la reforma de fondo”.

“Me sorprende que Acemi se oponga a estos pequeñísimos ajustes que desde luego les reduce la rentabilidad exagerada que tenían, y le pone algo de control a los recursos de la salud”.

“La verdad es que en nuestro criterio, lo que debería hacer una reforma estructural empieza con la eliminación de toda la intervención financiera y administrativa de las EPS, que subsiste en el proyecto”.

“Las EPS deben convertirse en lo que son, prestadoras de servicios de salud, todas son dueñas de hospitales e IPS y deberían ser parte de la red pública privada  de prestadores de servicios, que en atención de una política pública de salud, garanticen el derecho fundamental”.

 

La defensa del Gobierno

El Viceministro Protección, Norman Muñoz, explicó que “el sistema tiene que arrancar con que los problemas del pasado tengan un mecanismo de solución y por eso no vamos a sanear las deudas indebidas o a premiar a quienes hicieron mal la tarea”.

“Entendemos que la integración vertical desordenada genera todo lo que ya conocemos y no es una situación deseable, pero hay que mirar esto en términos objetivos”.

“Tenemos la oferta suficiente en servicios para hacerlo pero es una pregunta que no se puede dejar de lado. En la exposición de motivos del proyecto se presenta un mapa de la fragmentación de la prestación de los servicios, y hay EPS afiliando en La Guajira, en Guainía, en Cali, etc., pero detrás de esas afiliaciones de verdad no hay una red prestadora de servicios”.

“Vamos a mirar las áreas de gestión sanitaria y allí los gestores deben garantizar que exista una red como tal”.

“Ahí hay otro debate, quién es el responsable de armar esa red. El gestor tendrá parte de esa responsabilidad pero no de manera exclusiva, también es importante la participación de las entidades territoriales”.

“Plateamos una transición inicialmente de dos años que permita tener el tiempo suficiente para entrar a operar el sistema sobre un principio, que ninguna atención en salud se vea afectada por este cambio”.

“Este es un sistema que no cuenta con mecanismos de estabilización, hoy un hospital o una EPS con problemas de tipo financiero, no encuentra las soluciones que se espera”.

“Uno de los riesgos más grandes que vemos es la formalización laboral. En las condiciones actuales podría costarle al Estado cerca de 2 billones de pesos y hay que decirlo claramente, esa plata no está. Pero creemos que las condiciones de formalización tienen que ser distintas, conjuntamente, con diálogos”.

“Hemos venido concertando una alternativa para que esa formalización se haga de forma ordenada y progresiva pensando en la dignificación del personal”.

“Hay dos caminos, la solicitud de una facultades extraordinarias para expedir rápidamente las nuevas reglas de formalización”.

“La otra opción es que esas reglas, que son 14 artículos que ya están redactados con sindicatos y gremios, puedan incorporarse en el proyecto de ley”.