Por Álvaro Sánchez
Especial para EL NUEVO SIGLO
Aprovechando la celebración hoy del Día Mundial del Agua es bueno profundizar en algunos aspectos con relación a este tema tan mencionado pero tan poco estudiado por la mayoría de nosotros. Para comenzar podríamos hacer referencia a algunas cifras importantes a nivel global y nacional y luego tratar de darle un contexto al tema.
Echemos una mirada a las falsas percepciones que tienen la mayoría de las personas sobre el vital líquido. Por ejemplo, si desarrolláramos una encuesta entre una cantidad de personas, sin importar el estrato ni el medio en el que vivan, en torno a si la siembra de árboles es un mecanismo para aumentar el agua en el planeta, con seguridad tendremos una gran mayoría que opinaría que sí. Pues no, las cantidades totales de aire y agua disponibles en la tierra no varían en un plazo previsible, lo cual hace necesariamente que el paradigma se cambie fundamentalmente en cuanto hace a la definición del agua como un recurso renovable.
Claro está que no podríamos decir, ni de eso se trata, que no se deban sembrar árboles o que hacerlo no sirva para nada. Lo que se logra con plantarlos es garantizar una adecuada distribución del agua y la conservación de cauces y niveles, de manera tal que permitan el mantenimiento de las condiciones de vida normales de todas las regiones.
Ahora bien, en 1950 el planeta tenía alrededor de dos mil quinientos millones de habitantes (2.500.000.000); en 2014 se calcula que llegó a seis mil novecientos millones de personas (6.900.000.000) y se espera que para el 2050 supere los nueve mil millones de personas (9.000.000.000). Si a estas cifras les agregamos que cada vez se deteriora más la calidad del agua en el planeta ¿No es lógico pensar que habremos de sufrir de sed algún día? ¿Hasta qué punto aguantará el agua que hay, suponiendo que no sigamos deteriorando la calidad? ¿Se impondrán controles para el uso inadecuado del líquido en el futuro cercano?
Veamos las cifras generales:
A nivel global
· Cerca del 72% de la superficie de la tierra está cubierta de agua.
· Aproximadamente el 18% del agua superficial es agua dulce.
· Se calcula que el subsuelo contiene más o menos 1,5 veces la cantidad de agua dulce que hay en la superficie.
· Un 20% de la superficie sólida de la tierra se encuentra desertizada o en proceso avanzado de desertización.
A nivel nacional
· El 55% del territorio nacional está representado en sus áreas marinas.
· Colombia tiene alrededor de 1.800 lagunas, el 87% de ellas en la denominada alta montaña, es decir por encima de los 2.700 metros de altura.
· Tenemos 737.000 cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños y lagunas.
· Existe un número indeterminado, pero cada vez menor, de humedales de importancia estratégica.
· El 52% de la superficie sólida de Colombia está compuesto por bosques de singular importancia estratégica en la conservación del agua.
· El 2% de nuestro territorio está representado en páramos.
Zonas Ramsar
El año pasado el Gobierno nacional firmó el decreto que convierte en reserva protegida por el convenio de Ramsar la porción de territorio conocida como “La estrella del sur”, que está ubicada en Guainía y tiene un área total de algo más de 260.000 hectáreas. Se convierte así en la sexta reserva de nuestro país protegida por dicho convenio.
El convenio de Ramsar es un acuerdo multinacional de buenas voluntades que pretende proteger los humedales y las fuentes primarias de agua a nivel mundial. Es una convención relativa a los humedales de importancia estratégica global, especialmente aquellos que se constituyen en hábitat de aves acuáticas. Fue adoptado por Colombia el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Y como otras muchas cosas importantes, tardó doce largos años en ser aprobado por el Congreso, mediante la ley 357 de 1997, y fue ratificado configurando la plena adhesión el 18 de junio de 1998.
Es así como el país tardó 23 años en comenzar a buscar la protección de sus humedales y ha tardado 39 años en llegar a 6 zonas protegidas, de las más de 60 o 70 que deben existir en el país con esa importancia estratégica. En todo caso, el hecho es un avance pero con la simple firma del decreto no se ha ganado nada, el camino largo es hacerlo efectivo.
Algunos problemas
El control del Estado en la totalidad de las áreas protegidas, dista mucho de ser total; en ellas pululan los cultivos ilícitos y la minería criminal, acabando con nuestras reservas hídricas. De nada valdrá asfixiar a los mineros artesanales y a los ganaderos y agricultores de subsistencia, si no se logra establecer un efectivo combate a los grupos criminales que causan cientos de veces más daño que los anteriores. Cualquiera que sea la solución que llegue a proponerse deberá dejar en claro que no se debe llegar a sostener personas improductivas y a generar comunidades mendicantes, se debe tratar de fortalecer las posibilidades de desarrollo de las comunidades afectadas y realizar un proceso de cambio cultural que implica abandonar el modus vivendi habitual y generar un nuevo orden que proteja la naturaleza. Evidentemente esto no podrá realizarse en 6 meses y deberá ser un largo y tedioso proceso que escasamente se podrá bosquejar en este lapso de tiempo.
Quisiera recordar una vez más la famosa frase de Quevedo: “Ninguna ley ha de servir si no hay quien la haga cumplir”. Una premisa que quizá ahora es más oportuna. No se trata de desconocer la importancia de los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional, se trata de suplicar que no ocurra como con tantos y tantos Parques Nacionales y zonas de reserva que cada día son depredados por grupos al margen de la ley mientras a los raizales se les crean proyectos que los apartan de su entorno cultural haciendo mayor el daño. No se trata tampoco de criticar las medidas que son esencialmente buenas, se trata de solicitar al Gobierno nacional dos cosas concretas: vigilancia de las zonas protegidas en forma permanente y efectiva, y elaboración y financiación de proyectos alternativos que no destruyan el entorno cultural de nuestras comunidades; esto último es tan o más importante que la preservación de nuestras riquezas bióticas.
La mayoría de las empresas que operan en el sector minero-energético en nuestro país tiene un equipo de trabajo dedicado al tema del cuidado ambiental y, en general, son muy cuidadosos con el cumplimiento de la normatividad y de las estipulaciones contenidas en las licencias ambientales. Partiendo de esa base se puede asegurar que los problemas asociados al agua, desde la explotación tradicional, son menores en un 40% o 50% a los producidos por la ganadería extensiva, para no hablar de los producidos por la minería criminal.
Así las cosas, no hay evidencia de ninguna clase que indique que estas empresas sean las causantes de los desórdenes hídricos del país y es totalmente injusto adjudicarles dicha culpa.
Si partimos de esta base y se demostrara que sí están haciendo un daño importante a través de la explotación de estos recursos, tendríamos que llegar a la triste conclusión de que estamos siendo engañados en el análisis de las líneas base o de que las empresas no están cumpliendo lo prometido y el Estado está incumpliendo su obligación de vigilarlas, cometiendo una gravísima omisión, la cual acabará teniendo un alto costo para el país.
Los vertimientos
Uno de los aspectos que más ha coadyuvado en la destrucción de nuestro patrimonio hídrico es quizá el de los vertimientos incontrolados a las fuentes de agua dulce. En buena hora el Gobierno nacional expidió en días pasados la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. Esta norma viene trabajándose desde hace mucho tiempo y es el producto del desarrollo paulatino de otras, que comenzaron con el Código de Recursos Naturales expedido por el entonces presidente Misael Pastrana Borrero. En él se hacía una referencia a la obligatoriedad que tenían todos los ciudadanos de devolver las aguas en el mismo estado en que se recogían para su consumo. En 1984 se expide el decreto 1594 referente a vertimientos, por el entonces Ministerio de Salud, dado que no existía el Ministerio de Ambiente ni el Sistema de Nacional Ambiental (SINA), que vinieron a aparecer a raíz de la Ley 99 de 1993. Dicho decreto tenía características de importancia sanitaria pero no contemplaba en lo absoluto la problemática ambiental generada por los vertimientos.
Posteriormente en el año 2010 se expide por parte del Ministerio de Ambiente el decreto 3930 que habla en general de los temas hídricos y solo hasta este año 31 años después de expedido el decreto 1594 se establece la reglamentación de la norma de vertimientos para todo el país.
Esta resolución tiene algunas particularidades que la ponen a la vanguardia en términos de reglamentación de este tipo en Latinoamérica. Veamos
1. Se refiere exclusivamente a los ríos continentales de agua dulce pero no contempla para nada las aguas estuarinas o marinas. Esto significa que en la práctica establece una protección sobre al agua potable de todos los colombianos.
2. Diferencia por la eficiencia de los sectores productivos estableciendo ventajas para las buenas prácticas de una manera real y que las hace atractivas para la comunidad en general. Por ejemplo, un cafetero que utiliza un litro de agua para procesar un kilo de pulpa tendrá unos costos asociados mucho menores que uno que utilice 40 litros de agua para el mismo kilo. De esta manera se establecen ventajas comparativas para las buenas prácticas y se incentiva al cuidado del precioso recurso.
3. La norma parte de la revisión de todos los sectores productivos discutida con los mismos en 120 encuentros realizados durante los dos Ministerios de Ambiente anteriores. Baste decir que la norma quedó elaborada en la Dirección de Recurso Hídrico del Ministerio, al retiro de Claudia Pineda y durante el Ministerio de Luz Helena Sarmiento. En la práctica podemos asegurar que la norma es aceptada por el sector productivo y esto en buena medida es prenda de garantía de su cumplimiento.
Colombia cuenta, entonces, con una amplia gama de herramientas que permiten que el Gobierno nacional, las corporaciones autónomas regionales, los gobiernos regionales y locales y demás autoridades, en general, garanticen un buen manejo y una conservación del recurso hídrico. Ahora, de los controles que se establezcan para el cumplimiento de estas normas dependerá en gran medida el desarrollo futuro del país en términos de su capacidad hídrica.
Reflexiones finales
A riesgo de parecer poco serio permítaseme traer a colación una frase de Mario Moreno “Cantinflas” en su película El Padresito: “Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos”. Digo esto para recalcar algunas cosas que siempre hemos dicho pero en las que quizá poco hemos reflexionado: todos oímos alguna vez decir agua que no has de beber, déjala correr y eso es, precisamente, lo que no está haciendo la humanidad porque el sabio dicho se refiere a dejar correr el agua en su forma natural para que pueda ser aprovechada por diversas comunidades y en diferentes sitios y momentos, y a que dicha agua no se deteriore, permitiendo que sea utilizada por muchas más personas en el planeta. De mi abuelo oí decir “Eres lo que haces, no lo que dices”. Pues bien, no nos basta con hablar sobre las necesidades de conservar y preservar el agua, sino que debemos mostrar con nuestras acciones que estamos dispuestos a realizar un cambio que garantice la supervivencia.
Existen otros muchos refranes sobre el agua como “Del agua vertida, alguna cogida”, “cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar es seco la del vecino”, “Agua de por mayo, pan para todo el año” o “Yo con sed y el agua lejos”… En estos y muchos otros es clara la importancia de este precioso líquido que, en el caso de Colombia, permite tener algunas especies exclusivas como 367 anfibios, 1.543 orquídeas, 115 reptiles, 65 aves, 34 mamíferos y 1.500 plantas haciendo de este país el primer paraíso en biodiversidad de la humanidad.
* alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255