Luego de conocerse la aparición de un nuevo panfleto amenazante contra la comunidad estudiantil de la capital de la República, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, rechazó el mensaje intimidatorio que tiene como autor a una supuesta facción de las ‘Águilas Negras’.

El funcionario calificó como inaceptables las advertencias formuladas en el documento y dijo que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen, por lo cual no pueden ser declarados como objetivo por parte de los grupos ilegales y la delincuencia en general.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido la aparición de este tipo de amenazas desde septiembre de 2013, cuando las intimidaciones iban dirigidas a 150 comerciantes de Ciudad Bolívar. Más adelante, el pasado 24 de enero, circularon panfletos de ‘limpieza social’ a nombre de un grupo autodenominado ‘Bacrim, Opción al paramilitarismo’, en el que se hacía mención a “jíbaros, viciosos y rateros”. Seis días después apareció el primer panfleto del año atribuido a las ‘Águilas Negras’, en el que se amenazaba de muerte a miembros de la Asociación de Desplazados en Ciudad Bolívar, y a quienes daban un plazo de 72 horas para abandonar sus lugares de habitación.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha conocido denuncias de la comunidad en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, según las cuales a través de grupos de delincuencia común, ‘bandas criminales’ como ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ contactan a jóvenes y a desmovilizados para que, a cambio de sumas que rondan el millón de pesos, se unan a esas estructuras criminales.

También se han conocido denuncias relacionados con la utilización de niños entre 9 y 15 años por estas organizaciones para labores de vigilancia y microtráfico, valiéndose de engaños y obsequios como alimentos, bebidas y dinero.

De acuerdo con informaciones oficiales, las localidades que más muertes violentas reportaron en Bogotá el año pasado fueron Ciudad Bolívar y Bosa, con un 28,4 por ciento de los homicidios, mientras en materia de amenazas registraron 207 casos.

Por todo lo anterior, el Defensor Otálora Gómez insistió a los grupos ilegales en excluir de sus actividades a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes, a la vez que exhortó a las autoridades a realizar las evaluaciones de riesgo correspondientes y a disponer las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida de los estudiantes.