El sector palmicultor mostró su preocupación por la falta de coherencia del Gobierno nacional en la política de biocombustibles, luego de conocerse que se autorizó la importación de biodiésel, contrario a las normas del comercio internacional, generando un precedente negativo con graves implicaciones para la producción nacional y en particular para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia.
Esto, en la medida en que el Gobierno pasa por alto que los biocombustibles no responden a las leyes de oferta y demanda, son productos regulados y altamente subsidiados. Razón por la cual los precios de estos productos son distorsionados y su comercio sujeto a medidas de defensa comercial en varios países. Precisamente, por los considerables apoyos de los países exportadores de biocombustibles, se han llegado a generar disputas de orden comercial, a manera de ejemplo, la Unión Europea ha impuesto medidas antidumping y derechos compensatorios a países como Argentina e Indonesia.
La industria nacional de biocombustibles y los agricultores colombianos están en capacidad de atender el mercado nacional de manera eficiente, oportuna y de competir, siempre y cuando se brinden las condiciones de equidad y competitividad e igualdad con el resto del mundo.
Inconsistencias
Con esta decisión, el Gobierno nacional demuestra una inconsistencia con la política nacional de biocombustibles, que dio origen a un documento Conpes en 2008, y que fue concebida con los propósitos de diversificar la canasta energética del país, mejorar la calidad del aire, estimular la producción local de materia prima, e impulsar el empleo formal en el agro, y por lo cual, en virtud de los mismos, promovió y apoyó la producción de biocombustibles colombianos.
Es claro que a partir de dicha promoción y con el fin de atender ese nuevo nicho de mercado, el sector palmero colombiano incrementó sus inversiones en cultivos y capacidad de extracción de aceite de palma. Así mismo, con esfuerzo se adelantaron desde el sector privado las inversiones industriales que hoy en día permiten tener la capacidad de producir 850 mil toneladas de biodiésel y que pueden alcanzar 1 millón de toneladas en 2018. Esto, sin que a la fecha, el Gobierno haya establecido la mezcla de biodiésel al 10% (B10) en todo el país, incluida la gran minería, y mucho menos se tenga un cronograma cierto de incremento futuro de dicha mezcla al 15 y 20%.
La medida del Gobierno desconoce el aporte de la producción nacional de biocombustibles a los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del COP-21, como es la reducción de 20% en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 2030. Con la mezcla actual, los biocombustibles nacionales reducen 2,5 millones de toneladas de CO2 por año. Esto significa un aporte de 6 puntos porcentuales de la meta que fue asumida por el país, cifra que se está reduciendo sustancialmente por la importación de biocombustibles, en la medida que se pierden todos los beneficios ambientales que se otorgan al país productor y que en Colombia se atribuyen a la producción sostenible de palma de aceite.
Así mismo, se olvida que los biocombustibles han generado desarrollo rural. En el caso del biodiésel, la agroindustria de la palma de aceite, gracias a ser intensiva en mano de obra, genera alrededor de 160 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos, con remuneraciones superiores en 20% a las de otras actividades agrícolas del país.
Adicionalmente, la palmicultura ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las regiones donde se desarrolla, muchas de ellas profundamente afectadas por situaciones de conflicto armado. De acuerdo con un estudio comparativo entre los municipios palmeros y los no palmeros, con alta incidencia del conflicto, llevado a cabo por DNP en 2016, se observa que los ingresos de los primeros fueron 30% superiores a los de los segundos, lo que el mismo DNP denominó el dividendo social de la palmicultura.