Reos de una peligrosa y hacinada cárcel boliviana, visitada por el papa Francisco en julio, iniciaron una huelga de hambre por mejores condiciones, medida criticada por el gobierno, y que podría extenderse a otras penitenciarías.

"Hoy amanecimos con 150 internos en diferentes piquetes en huelga de hambre" en la cárcel de Palmasola, en las afueras de Santa Cruz (este), por aumentos de los bonos de alimentación, dijo en diálogo con periodistas, Leónidas Rodríguez, vocero de los reos.

Luego de la visita de Francisco al penal, donde en 2013 se enfrentaron los reos con un saldo de 35 muertos, las autoridades determinaron subir de 6,6 a 8 bolivianos (0,93 a 1,15 dólares) el bono diario de alimentación para cada recluso. 

La huelga exige que ese monto sea elevado a 25 bolivianos (3,6 dólares) y otros beneficios, como la mejora de la asistencia de salud y la construcción de talleres de terapia ocupacional.

La huelga de hambre es "un movimiento nacional con otros penales (porque), estamos uniendo fuerzas para que se nos cumpla", según Rodríguez. 

Por el momento, los reos del penal San Pedro, en La Paz, y San Roque, de Sucre (sureste), se declararon en "estado de emergencia" con los mismos pedidos que Palmasola, según sus delegados Víctor Hugo Mendoza y Fidel Herrera, respectivamente.

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, consideró que "pedir que el 'prediario' (bono diario de alimentación) sea 25 bolivianos ya es una distorsión, porque ya un centro penitenciario se convertiría en un premio para quien delinque".

Respecto de la solicitud de una extensión de los beneficios de libertad, Romero sostuvo que "son delitos que están fuera del alcance del indulto y la amnistía. Lamentablemente ese tipo de demandas no las podemos atender".

Las cárceles bolivianas sufren un grave hacinamiento y son, según la OEA, las segundas más sobrepobladas de Latinoamérica, después de las de El Salvador. 

Los penales en Bolivia tienen una capacidad aproximada de 5.000 plazas, pero actualmente albergan a unos 15.000 detenidos, aunque el gobierno aclara que la cifra bajó por recientes indultos.

Además del hacinamiento y la corrupción policial, los presos son víctimas de la lentitud del sistema judicial. Según denuncias de instancias internacionales, más del 80% de los detenidos no tiene condena judicial firme/AFP.