La senadora Martiza Martínez, creadora de la iniciativa, plantea la creación de una base de datos donde se registrarán los deudores alimentarios morosos, lo cual tendrían las mismas implicaciones de quienes adeudan dinero a los bancos.

De acuerdo con Martínez, “no podrán acceder a créditos bancarios, serán inhabilitados para contratar con el Estado y tampoco podrán comprar o vender bienes raíces”.

El proyecto da a los padres o madres irresponsables como plazo máximo de espera tres meses para ponerse al día en las cuotas alimentarias fijadas por las comisarías de familia.