Pacto de paz: 450 propuestas de ajuste | El Nuevo Siglo
Foto oficina del Alto Comisionado para la Paz
Jueves, 3 de Noviembre de 2016
Redacción Política

Más de 400 propuestas del No, llevará el Gobierno nacional a la mesa de La Habana, Cuba, las cuales se dividieron en 60 ejes. Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al término de la reunión con los promotores. 

El jefe de la Cartera política aseguró que en las horas de la mañana de este viernes, partirán a la isla. “Desde el sábado anterior en extensas jornadas, cada una de más de 10 horas, se discutieron las propuestas, de cada uno de los sectores del No de manera detallada y precisa”, sostuvo Cristo. 

Dijo el funcionario que las reuniones se llevaron a cabo de la manera más respetuosa posible, “las más de 400 propuestas recibidas, se organizaron alrededor de cerca de 60 ejes temáticos, sobre los cuales los representantes del No precisaron sus diferentes propuestas”. 

Reiteró que “hubo temas de controversia, pero siempre se tramitaron con respeto y ánimo constructivo, este ejercicio permitió construir un documento con propuestas y opciones en el que se identifican los temas que requieren con mayor precisión y a juicio de representantes del No modificaciones al acuerdo”. 

Indicó el ministro Cristo que “lo importante de este diálogo es que quedan abiertos los canales de comunicación que preservaremos con este documento que hemos denominado como una bitácora los negociadores del Gobierno viajarán a La Habana para iniciar las conversaciones con las Farc”.   

Los del No

Por su lado, el bloque de promotores del No, leyó un comunicado en el que señalaron que “reiteramos que aún no existen acuerdos, pero sí coincidencias y diferencias con el Gobierno, así como propuestas viables que permiten construir opciones y avanzar colectivamente hacia la paz que todos los colombianos anhelamos. El balón está ahora en manos de las Farc. Las Farc deben decir al mundo si están dispuestas a acatar la decisión del pueblo colombiano o si van a perder la oportunidad de la paz”. 

Indicaron de la misma manera que “nos reservamos la posibilidad de solicitar al Gobierno la presencia de observadores del No y representantes de las víctimas de las Farc en la mesa de La Habana”. 

Preocupación

En otro de los apartes del comunicado, leído al término del encuentro se señaló que “teniendo en cuenta la preocupación válida que han expresado el expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez, lideres sobresalientes del No, hacemos un llamado para que el Presidente de la República, de manera clara, ponga su voluntad al servicio de unas modificaciones de fondo a los textos de La Habana”. 

Asimismo la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, acotó que “hemos avanzado en todos los capítulos, en el capítulo de tierras, en el capítulo de narcotráfico, en el capítulo de participación en política, hemos podido expresar al Gobierno todas nuestras críticas y nuestras propuestas, y el Gobierno ha aceptado la justificación y la razonabilidad de la mayoría de esas propuestas”. 

Indicó que “hemos ido desmitificando que sin esos acuerdos, no había nada más que irnos al abismo del terrorismo urbano y la guerra absoluta”. A renglón seguido sostuvo que para ellos es importante que se mantengan unas normas en donde a los delincuentes se les prohíba la participación en política.  

“Nosotros esperamos que se mantenga esta mesa de trabajo permanente hasta que haya un texto definitivo, porque solamente en ese momento le vamos a poder decir al país, este sí es un acuerdo nuevo, este si es un acuerdo de consenso, o este es un acuerdo que se limitó a los pocos cambios y no satisface nuestras solicitudes de fondo, eso solo lo podemos decir al final”, señaló. 

Anotó que esa solicitud de la permanencia de la mesa se debe a que muchas personas no tienen  representación en el Congreso y queremos que quienes han ayudado a trabajar en el acuerdo nuevo, tengan la posibilidad de participar en el desarrollo haciendo propuestas al Gobierno y al Congreso. 

Entre tanto, la senadora Sofía Gaviria en representación de las víctimas argumentó que “el documento de las 15 páginas se va a llevar como lo entregamos a las Farc, para que ellos directamente respondan y evalúen las propuestas, nos parece que es un compromiso del Gobierno con las víctimas“. 

Subrayó que lo que esperan realmente es que defiendan las propuestas y no solamente que sirvan los negociadores de “mandaderos”. 

“La propuesta tiene dos bloques, un bloque sobre las propuestas inmediatas, que son las humanitarias, el tema de secuestrados, el tema de desaparecidos, el tema de niños reclutados y el tema de minas antipersonas, los mapas de esas minas, eso va a tener prioridad”, dijo. 

Víctimas

La senadora Gaviria reiteró que en efecto la lista de desaparecidos entregada por ellos coinciden con el listado del Comité Internacional de la Cruz Roja. “Otro tema que es prioritario es la entrega de los niños, no por la puerta de atrás, sino que la asociación de víctimas sea un garante que efectivamente se entregan”, sostuvo. 

Claudia Rodríguez de Castellanos en representación de los grupos cristianos aseveró que “hemos estado mirando lo del tema del enfoque diferencial, es decir que el enfoque sea de familia, de una manera transversal, que se vea como víctima a la familia, y de igual manera el derecho de las mujeres”. 

Argumentó que lo que se quiere es que la mujer sea reparada y que no haya repetición por el hecho de haber sido víctima en medio de este conflicto. 

El exconstituyente Jaime Castro, uno de los que promovió el No, expidió una carta en la que expresa que “los apartes del Acuerdo Final que aseguren la aplicación de principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) tienen el carácter de Acuerdo Especial y por ello deben separarse del citado Acuerdo Final, para darles el tratamiento que les corresponde. Pero esa calificación no puede otorgarse al texto completo del AF”.      

El exministro dijo que “pretender, entonces, que el AF haga parte de la Constitución y adoptar el fast track y la ley habilitante como procedimientos para su implementación, atentan contra la legitimidad democrática del proceso y violan principios de nuestro Estado de derecho y nuestro ordenamiento institucional, en vez de fortalecerlos y consolidarlos como conviene a todos, incluidos los nuevos actores de la vida política”.