La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha convertido en una de las entidades de mayor reconocimiento en los últimos tiempos, especialmente por sus investigaciones contra los llamados “carteles” de empresas que acuden a prácticas ilegales para fijar precios o ganarse contratos.
Precisamente esta semana la entidad, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, formuló pliego de cargos contra 8 empresas de vigilancia y seguridad privada que presuntamente se cartelizaron en 252 contrataciones públicas.
La colusión o acuerdos anticompetitivos se dieron en procesos de contratación adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante 2010, 2011 y 2012. Se detectó, tras muchas pesquisas, que empresas que se postulaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública, engañando así a las distintas entidades y violando los principios de transparencia y libre competencia. Según las pesquisas, las presuntas empresas cartelistas terminaron participando en mínimo 100 licitaciones y lograron ganar 25 de ellas por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.
Además de los pliegos de cargos contra 8 empresas, también se hizo lo propio con 32 personas naturales que en el pasado o en la actualidad han hecho o hacen parte de esas compañías investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y exempleados, quienes aparentemente, según la SIC, pudieron haber tenido participación en la creación, ejecución, implementación o seguimiento del presunto cartel empresarial investigado.
Lo importante aquí no sólo es que se puso al descubierto la presunta cartelización, sino que si se comprueba la grave infracción las multas podrían ascender a más de 64 mil millones de pesos por cada proceso anómalo de contratación.
Luchar contra las colusiones es clave porque afectan la competencia y el patrimonio del Estado, en la medida en que aumentan los precios de los bienes y servicios que este contrata para cumplir con sus funciones. Ello es aún más urgente si se tiene en que cuenta que, según la OCDE, las adquisiciones del sector público representan en promedio el 15% del PIB de un país.
Desde 2012 la SIC ha investigado presuntos casos de cartelización en los sectores del azúcar, cemento, subastas ganaderas, pañales y papel higiénico. A ello se suma que hay varios procesos en curso en otros ámbitos productivos.