Que los uniformados paguen sus delitos en pabellones especiales es una de las modificaciones más polémicas aprobadas ayer en el trámite que le dio la Comisión Primera de la Cámara al proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar.

Este será el punto polémico que se discutirá en la plenaria de Cámara, donde se le dará sexto debate al proyecto de acto legislativo.

“Lógicamente sitios de reclusión como Tolemaida Resort no pueden ser ejemplo. Eso no puede volver a suceder”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el representante vallecaucano Henry Arcila, del Partido Conservador, refiriéndose a la serie de irregularidades denunciadas en abril de 2011 por la revista Semana, que publicó que “los militares condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios en el Centro de Reclusión de Tolemaida”, en Tolima.

Sin embargo, Arcila consideró que los uniformados no deben estar en cárceles comunes. “Aquí hay unos términos”, explicó, como “que los militares que cometan sus faltas paguen en pabellones especiales y lógicamente tendrán atención por parte de la Defensoría”.

Sobre este tema, el copresidente vocero del Partido Verde, Alfonso Prada, anotó que “debe quedar claro que por más fuero carcelario que exista, vamos a tocar el tema en la reforma al Código de Régimen Penitenciario y Carcelario”.

Fuero militar

El tema fue incluido en el proyecto de acto legislativo número 192 de 2012 Cámara – 16 de 2012 Senado, “por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, radicado el 16 de marzo de 2012 por el Gobierno Nacional.

Como se recordará, tras la recomendación de una comisión de expertos conformada por el Gobierno, se le sugirió sal Congreso retirar de la reforma a la justicia el artículo que establecía que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares y “en todo caso” se presumiría la relación de estos actos irregulares con el servicio.

A cambio, explicó entonces el presidente Juan Manuel Santos, se recomendó “presentar una nueva redacción y una nueva reforma constitucional que –en cierta forma– garantice algo que se había dicho desde un principio: que no se va a retroceder en materia de los avances que hemos logrado en los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo, se les dé las garantías suficientes a la Fuerza Pública para que en todas sus operaciones tengan la seguridad de que hay una justicia que los va a juzgar cuando cometan alguna situación anómala, cuando cometan algún delito, que se les va a juzgar con absoluta claridad y con todas las garantías”.

Ayer el senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que se deben revisar los documentos de aprobación para asegurarse de que se tenga más y mejor fuero, y no menos fuero, debilitado: “El fuero tiene que ser contundente para asegurar la protección de los derechos de la Fuerza Pública”, sin descuidar “el derecho de la sociedad para que no exista impunidad”.

El vicepresidente de la Cámara, Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde, dijo que él votará negativamente la reforma porque ahí no se castigan los abusos de los militares a los estudiantes. “Creo que no se puede legalizar tantas injusticias contra el movimiento estudiantil, que fue víctima de abuso de los militares”, señaló Amaya, quien consideró que esos abusos deben ser castigados por la justicia ordinaria.

El representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, indicó que a él preocupa que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario queden por fuera de la jurisdicción ordinaria y pase a la Justicia Penal Militar: “Me parece que es un error, pero así fue aprobado en este debate”.

Para Germán Navas, del Polo Democrático, este proyecto no es más que una secuela de la controvertida reforma a la justicia. El representante por Bogotá agregó que no creía en la supuesta injusticia para la Fuerza Pública, la denominada guerra jurídica, ya que hasta el momento no se ha mostrado un solo caso de fallo injusto en contra de un militar.

“Yo lo que digo es que esto que ustedes están proponiendo, llevará a una mayor impunidad en los delitos cometidos por lo miembros de la Fuerza Pública, so pretexto del servicio”, les insistió Navas a sus compañeros.