La Fiscalía de Venezuela confirmó este sábado la muerte de cuatro personas durante manifestaciones la víspera en la ciudad de Barquisimeto, en el noroeste del país, con lo que aumentó a 89 la cifra de fallecidos en tres meses de protestas opositoras.

Un balance previo del organismo había dado cuenta de un muerto en esos hechos, en los que además resultó herida de gravedad otra persona.

El Ministerio Público no precisó las circunstancias en que se produjeron las muertes, pero el diputado opositor por Barquisimeto Alfonso Marquina denunció el viernes que fueron producto de ataques de pistoleros.

Los fallecidos tenían edades que oscilan entre lo 20 y 49 años, según la Fiscalía, que precisó que los decesos ocurrieron en distintos lugares de esa ciudad ubicada a 350 km al oeste de Caracas.

Las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro completaron tres meses este sábado y dejan, además, un millar de heridos y unos 3.500 detenidos, de acuerdo con el Ministerio Público y la ONG Foro Penal.

Este sábado la oposición volvió a las calles,cuando se cumplen tres meses de sus mayores protestas contra el presidente Nicolás Maduro, en una Venezuela convulsionada donde, según analistas, se vislumbra una escalada de la crisis.

Más de un millar de opositores caminaron hasta la principal autopista de Caracas para expresar su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, quien en medio de las manifestaciones que dejan ya 86 muertos abandonó su línea oficialista para convertirse en férrea adversaria de Maduro.

Ortega deberá comparecer el próximo martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al chavismo-, que evaluará si la enjuicia, lo que podría llevar a su destitución.

"Todos a la calle a advertir y desconocer esta maniobra", expresó en Twitter el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

La fiscal agradeció el apoyo: "Su confianza fortalece nuestra lucha institucional. La defensa de la Constitución es tarea de todos", tuiteó.

En estos tres meses "lo más importante que se ha logrado es crear conciencia de que la lucha para restituir la democracia cada quien la tiene que hacer", dijo desde la movilización Patricia Valenzuela, una médica de 43 años.

La fiscal se alejó del gobierno denunciando una ruptura del orden constitucional por decisiones del TSJ que redujeron los poderes del Legislativo.

También emprendió una batalla judicial contra los magistrados de la corte y la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro para reformar la Carta Magna, aunque todos sus recursos han sido desechados por el TSJ.

A petición del chavismo, el máximo tribunal no sólo evalúa enjuiciarla, sino que le prohibió salir del país y congeló sus cuentas y bienes.

El oficialismo asegura que Ortega mintió al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en 2015, por parte de la anterior mayoría chavista.

Escalada del conflicto

Las manifestaciones, que también rechazan la Constituyente de Maduro por considerarla un "fraude" para perpetuarse en el poder, se han mantenido casi todos los días desde el 1 de abril, y suelen degenerar en disturbios y saqueos.

"Esa Constituyente no la apoya nadie, pueden aprobarla, pero el gobierno sigue en la calle en desobediencias civil", dijo Alejandro García, un manifestante.

Entre el 1 de abril y el 19 de junio de 2017 se han registrado 2.675 protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en un contexto de grave crisis económica.

El viernes, en Barquisimeto (350 km al oeste de Caracas), pistoleros encapuchados dispararon contra manifestantes que habían levantado barricadas, lo que según el diputado opositor Alfonso Marquina dejó cuatro fallecidos.

La Fiscalía sólo ha confirmado una de esas muertes. Los tres meses de protestas también dejan un millar de heridos, según ese organismo, y más de 3.500 detenidos, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia. Maduro asegura que todo forma parte de un complot entre "la derecha terrorista" y Estados Unidos para derrocarlo.

"La Fiscalía también es cómplice de la violencia criminal", dijo la noche del viernes Maduro, quien el pasado martes denunció un intento de golpe de sectores "extremistas de la oposición".

El mandatario sostiene que ese día el policía Óscar Pérez lanzó cuatro granadas contra el TSJ desde un helicóptero que "secuestró" -ya recuperado-, y disparó hacia el Ministerio de Interior, sin causar heridos. El hombre está prófugo.

El analista Mariano De Alba considera que el conflicto se intensificará.

"El gobierno insiste con su propuesta Constituyente, lo que, de concretarse, contribuirá a que escale el conflicto. Gobierno y oposición todavía piensan que pueden imponerse sobre el otro", dijo a la AFP.

Contra el totalitarismo

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que el lunes firmará un acuerdo con sectores del chavismo crítico del gobierno para rechazar la Constituyente.

"Vamos a suscribir un gran acuerdo contra la imposición del totalitarismo del régimen y para trabajar en la restitución del hilo constitucional", afirmó en rueda de prensa la dirigente María Corina Machado.

Sin embargo, Gonzalo Gómez, dirigente de Marea Socialista, importante organización del chavismo opuesto a Maduro, dijo a la AFP que no los han contactado.

"Si llegaran a contactarnos, se evalúa, entendemos la necesidad de defender las libertades democráticas", acotó.

El politólogo Ricardo Sucre también augura una escalada de la tensión a medida que se acerque la votación de la Constituyente el 30 de julio.

"La posibilidad de que ocurran hechos de violencia inesperados son muy altas", dijo.