Se revisarán desde las facultades electorales de las altas cortes, el juzgamiento de los aforados, el régimen disciplinario de jueces y abogados y los mecanismos para elegir a los magistrados, hasta el sistema de gobierno y administración judicial. Incluso habrá lupa a las facultades de Derecho

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En momentos en que los escándalos de corrupción salpican a la Corte Suprema de Justicia y la confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial en general cae a sus niveles históricos más bajos, una vez más se anuncia un intento de reforma integral a la justicia.

Bajo el nombre de “Pacto nacional de los poderes públicos por la justicia”, la iniciativa fue lanzada esta semana y suscrita por el presidente de la República, Juan Manuel Santos; los presidentes de las cortes Suprema de Justicia, magistrado Rigoberto Echeverri; Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero; el Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez: y del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Marta Lucía Olano; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador general Fernando Carrillo; y el presidente del Congreso, senador conservador Efraín Cepeda.

“El país la necesita. El país la reclama. Pero no debe convertirse en un factor más de división, ni de polarización”, afirmó Santos respecto a la reforma, cuyo “pacto” se lanzó en el marco del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, celebrado Pasto, para conmemorar los 25 años de la esa rama del Poder Judicial.

“A estas alturas, para que una reforma de este tipo salga adelante se requiere un amplio consenso en el fondo y en la forma”, dijo el Jefe del Estado. Agregó que “no se hará nada sin que esto tenga un amplio apoyo de todos los sectores no solo políticos sino de la sociedad”.

“Esto es una tarea de todos, y para que la reforma sea posible debe ser producto de un gran acuerdo nacional. Un acuerdo incluyente, que convoque a la Rama Judicial; la Fiscalía General; la Procuraduría; los partidos políticos; la sociedad civil; la academia; las facultades de Derecho; y a la comunidad en general”, precisó.

El procurador Carrillo había venido insistiendo en las últimas semanas respecto a la necesidad de un pacto amplio institucional para reformar la justicia. Incluso, al comienzo de la semana, durante la instalación de la Sexta Semana de la Participación Ciudadana, el jefe del Ministerio Público pidió no desestimar la importancia de estos mecanismos en la construcción de la democracia y dijo que un camino destinado al fracaso es creer que la reforma a la justicia se hará por la vía de los pactos políticos.

El Procurador General recordó que el gran pacto de Estado por la justicia que propone debe estar por encima de los partidos, de los intereses electorales y por eso la importancia de la reforma en un momento en que “Colombia se está jugando su futuro”.

El Ministerio Publico dijo estar buscando el acercamiento con los decanos de las facultades de derecho del país, colegios de abogados, estudiantes y ciudadanos para que participen en este proceso y se pueda construir ese gran pacto que requiere el país.

Carillo afirmó que luego de desmontar la maquinaria de la guerra con las Farc, lo que viene es la reinstitucionalización de la justicia por lo que el pacto de Estado exige “un amplio apoyo ciudadano para sacudir este viejo país que no ha querido hacer esa reforma a la justicia”.

Dijo que la Rama Judicial puede empezar a dar señales de autorreformas con soluciones administrativas, disciplinarias y juicios de ética concretos.

“Esto no lo puede hacer nadie solo, ni el Gobierno, ni el poder legislativo, ni mucho menos el poder judicial”, puntualizó.

El documento

El siguiente es el texto de ese nuevo pacto:

PACTO NACIONAL DE LOS PODERES PÚBLICOS POR LA JUSTICIA

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Presidente del Congreso de la República reunidos en la ciudad de San Juan de Pasto con el señor Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, con ocasión del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en relación con los graves acontecimientos que han estremecido a la Administración de Justicia declaran:

1. Que manifiestan la consternación y la profunda indignación que como ciudadanos y como servidores públicos, sienten ante los hechos que han provocado el estupor nacional.

2. Que respaldan de manera irrestricta las actuaciones que han venido adelantando las instancias competentes, en orden a permitir que, con la mayor celeridad, se establezca la verdad de lo ocurrido y se impongan las más drásticas sanciones cuando ello corresponda

3. Que han acordado impulsar de manera conjunta, con la participación del Ministerio de Justicia, una reforma estructural a la Administración de Justicia, que gire en torno los siguientes asuntos:

A. Revisión de las facultades electorales de las Altas Cortes.

B. Revisión del sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, con el objeto de impulsar un modelo que, al tiempo que permita preservar la independencia de les más altos órganos de la administración de justicia y del Ministerio Público, garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando a ellas haya lugar.

C. Revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados.

D. Revisión de requisitos y procedimientos de elección de magistrados de Altas Cortes.

E. Revisión del sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial.

f. Reforma a los estudios de la carrera de Derecho y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión.

4. Que para propiciar el más amplio debate y construir la más sólida propuesta se invitará a la academia, a los funcionarios y empleados judiciales, a la ciudadanía y a las ONGs del sector.

5. Que para el anterior efecto los Presidentes de las Cortes, incluido el de la Corte Constitucional, a título individual, como magistrado, participarán del proceso de preparación e impulso de la aludida reforma con el objeto de que ella se ajuste a una perspectiva constitucional, a la luz de los recientes fallos de control abstracto de constitucionalidad sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes y de los órganos de control y su percepción sobre los problemas de la Administración de Justicia.

6. Que de manera simultánea se avanzará en la implementación de acciones que no requieran trámite normativo, orientadas a fortalecer la administración de justicia y mejorar el rendimiento y la transparencia de la gestión judicial.

7. Que en el marco de sus competencias, de manera conjunta las Cortes adelantarán acciones encaminadas a reformar sus reglamentos internos, adoptar manuales de mejores prácticas y propiciar el establecimiento de mecanismos de auto-regulación que brinden transparencia y permitan la rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces.

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