“Además del Frente 1, el Frente 7 de las Farc tampoco se desmovilizaría”, sostuvo hoy el procurador Alejandro Ordóñez, citando “información de trabajo en terreno” obtenida de “la población del Guaviare”.

“Se calcula que dicho Frente está compuesto por alrededor de 300 integrantes, entre milicianos y guerrilleros”, anotó.

Según Ordóñez, “los Frentes 1 y 7 son responsables de gran parte de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las Farc. Su continuación en la violencia, como lo manifestaron recientemente, exige al país claridad absoluta del Secretariado de las Farc y del presidente Santos”.

“En los departamentos de Meta y Guaviare los cerca de 800 miembros de esos dos frentes continuarían realizando actividades terroristas”, anticipó Ordóñez, agragando que “ambos frentes representan algo menos del 30 por ciento de los guerrilleros del Bloque Oriental, el más grande las Farc” y considerando que “la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el propio Gobierno calcula en cerca de 8.000 los milicianos de las Farc y que conforme al texto del Acuerdo presentado el 23 de junio de 2016, estos no se concentrarán en las zonas de ubicación para desmovilizarse. Es decir, más del 50 por ciento de las Farc no se desmovilizaría”.

“Los colombianos entienden la paz como el fin del aparato armado de las Farc. Si no se concentran los miles de milicianos para desmovilizarse y si frentes completos se niegan a desmovilizarse y entregar las armas, el Acuerdo de La Habana se puede convertir en una gran estafa: todos los privilegios para la cúpula de las Farc, mientras más de la mitad de los integrantes del grupo continuarán delinquiendo”, manifestó.

Para Ordóñez, “el presidente debe ordenar inmediatamente la reactivación de operaciones militares contra las estructuras de FARC que no se van a desmovilizar, incluyendo los bombardeos contra sus campamentos. La guerrilla de las Farc continúa en la ilegalidad y atemorizando a la población civil”.

“Por último”, precisó, “es urgente utilizar todos los recursos posibles para eliminar los cultivos ilícitos en las zonas en las que delinquen tales frentes. El crecimiento exponencial de los cultivos de coca que registran todos los informes internacionales, incluido el de ayer que reporta un incremento del 39 por ciento de cultivos en el último año, propiciado por el propio Gobierno con el desmonte subrepticio de la política antidrogas, estimula a estructuras de las Farc a no desmovilizarse y mantener el control del negocio. No se les puede seguir otorgando ventajas a las Farc al costo de la seguridad de los colombianos”.