Al referirse al caso de la masacre de los niños de Florencia (Caquetá), ocurrida el 4 de febrero último en zona rural de esa población, el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, manifestó que “como Fiscalía en los diferentes procesos que adelantamos por estos hechos, vamos a pedir la máxima condena posible, que en este caso incluso puede llegar hasta 60 años, teniendo en cuenta que al tratarse de delitos cometidos contra menores de edad, la Ley 1098 de 2006, la Ley de Infancia y Adolescencia, no permite ningún tipo de rebaja de penas o beneficios”.

Resumió el Vicefiscal que el intenso esfuerzo investigativo por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional ha permitido la captura de los autores materiales, es decir quienes ejecutaron el hecho directamente, los sicarios Crístópher Chávez Cuéllar y Génderson Carrillo Ordóñez; así como la captura de quien según la Fiscalía es la autora intelectual de estos hechos, la señora Luz Mila Artunduaga, y dos partícipes más, que serían quienes contactaron a los sicarios para encomendar la comisión de estos delitos, estos son los hermanos Edison y Aleiser Vega.

El alto funcionario también destacó que “hoy se emitió otra orden de captura que está por realizarse contra Jainer Urueña, que también habría participado contactando a los sicarios (…) y se valora la posibilidad de solicitar otras dos órdenes de captura contra otras dos personas que al parecer habrían participado financiando con los 500 mil pesos estos hechos, ellos habrían aportado el dinero, con los cuales fueron pagados los sicarios”.

“En este momento hay 6 personas, sobre las cuales se expidieron las órdenes de captura, cinco de ellas ya se materializaron y se valora la posible participación de otras dos personas; así, entre autores materiales, intelectuales y copartícipes habrían participado 8 personas en estos hechos”, agregó Perdomo.

Sobre la familia víctima de esta masacre, el Vicefiscal indicó que “desde el primer momento, por orden del señor Fiscal General de la Nación se hizo una provisión de un esquema de seguridad y de protección a la familia Vanegas Grimaldo, y consideramos que por ahora, al existir un alto riesgo, debe seguir en el programa de protección”.

Finalmente, concluyó que está investigación también ha permitido contribuir con otros procesos, ya que “la Fiscalía también pudo establecer en la región unas modalidades de sicariato bastante extendidas en la zona, y estámos avanzando incluso en otras hipótesis delictivas de otros homicidios que se han cometido y que no se habían podido esclarecer hasta el momento”.