La ley de provisionales, que permitía el ingreso a carrera de funcionarios y empleados provisionales, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por una votación de 5 a 4.
Con esta determinación del alto Tribunal, lo que se espera es que respete el concurso para elegir a los funcionarios, al mismo tempo se enfatiza que tienen que participar en un concurso para lograr el puesto.
Lo que se consideró es que con la provisionalidad se estaba violando el principio al mérito al homologar estudios y experiencia por la prueba de conocimiento. Igualmente se argumento que la provisionalidad se estaba utilizando para ganar puntos en la carrera administrativa.
Con el fallo de la Corte Constitucional, resultan afectados unos 120.000 empleados que estaban en provisionalidad y 70.000 que estaban en encargo, hecho por cual tendrán que participar en concurso de carrera. Esta ley afecta a todos los funcionarios excepto a los de la rama judicial y el magisterio.
El alto tribunal le dio la razón a la tesis de La Comisión Nacional del Estado Civil, que consideraba que violaba el principio de igualdad a las personas que se presentaron a concurso y que estaban en lista de espera.
Con este fallo lo que determina es que a partir de la fecha no se pueden generar actos administrativos,  pero los que ya estaban quedarían en firme. Esta fue la explicación del abogado laboralista Andrés Camilo Murcia.

Cabe recordar que esta ley fue aprobada en Congreso de la República, en medio de manifestaciones de estos mismos 120.000 empleados que deseaban entrar a la carrera administrativa.

Con la iniciativa que fue declarada inexequible, el funcionario tenía que acreditar como mínimo cinco años en condición de provisionalidad. Y aplicaba para 70.000 empleados que estaban en las entidades públicas,

El coordinador de ponentes del proyecto de ley fue el representante Humprey Roa, del Partido Conservador, quien en su momento manifestó que lo que se pretendía era homologar la experiencia.

 “A los provisionales que tengan más de cinco años de experiencia y a los que estén por encargo por más de tres años se les homologa la experiencia con 70 puntos en las pruebas que presenten”, explicó Roa cuando se aprobó la ley en la Cámara.

La encargada en homologar la experiencia era la Comisión Nacional del Estado Civil y al mismo tiempo era la entidad que desarrollaba las pruebas de los funcionarios.
La reforma excluía a jueces, magistrados, docentes, directivos docentes ya que varios de ellos ya se encontraban en carrera administrativa.
La ley que había sido aprobada en el legislativo indicaba que los funcionarios públicos que habían ingresado antes del 2004 en cargo de provisionalitas continuaban en el ejercicio del mismo hasta que adquieran sus derechos a la pensión.
La senadora Dilian Francisca Toro, de La U, fue la autora de dicha iniciativa y advertía que el proyecto de ley no pretendía desconocer el espíritu de la Constitución Nacional al establecer el ingreso a la carrera administrativa, a través del concurso de meritos.
Después de dos actos legislativos fallidos para solucionar la situación de provisionalidad de cerca 50.000 servidores públicos, quedaría vivo el proyecto del reten social del cual fue devuelta al Congreso de la República.
De devolver al Congreso, por vicios de forma, la ley que establece un retén social que garantizaba la estabilidad laboral a personas vulnerables. En el caso del retén social, el presidente Juan Manuel Santos el año anterior objetó esta iniciativa por considerar que era inconstitucional, toda vez que establece la necesidad de participar en concursos públicos para acceder a los cargos que provee el Estado. La decisión de la Corte Constitucional de devolverla al Congreso implica que la iniciativa tiene que cumplir nuevamente su trámite.
Una vez conocido el fallo de ayer sobre trabajadores provisionales, lo que se espera que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, se pronuncie y explique las implicaciones que se tienen para con los funcionarios del Estado.