El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se mostró preocupado por el escalamiento del conflicto armado en el suroccidente del país, cuyas expresiones más recientes corresponden al asesinato de dos personas desmembradas en Buenaventura y al homicidio del concejal Segundo Benjamín Morales en San José de Albán, Nariño.

Según la Federación Nacional de Concejales, el dirigente político del partido Cambio Radical había recibido amenazas, al igual que otros cuatro cabildantes de la región, por lo que el Defensor del Pueblo solicitó la Unidad Nacional de Protección revisar el nivel de riesgo de estos funcionarios y proveer las medidas de seguridad necesarias para evitar desenlaces trágicos como el del concejal Morales, al tiempo que pidió a la Policía y a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de las amenazas y el crimen ocurrido este fin de semana.

Paralelamente, las autoridades de Buenaventura confirmaron el hallazgo de otros dos cadáveres desmembrados, de un hombre y una mujer, con lo cual asciende a 7 la cifra de muertes violentas provocadas mediante esta modalidad durante lo corrido del año en el Puerto. El Defensor del Pueblo dijo que además de la capturas de integrantes de los grupos armados post-desmovilización, es necesario que La Policía, la Armada y demás organismos de seguridad con presencia en esa ciudad del Pacífico colombiano, refuercen las medidas de prevención para contener la violencia, e insistió en la urgencia de aplicar soluciones integrales con énfasis en el componente social.

A lo anterior se suma el secuestro de dos integrantes de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en la vereda Los Robles del municipio de Tumaco (Nariño), acción atribuida inicialmente a guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC.

Desde el momento en que se supo de estos acontecimientos, la Defensoría Regional de Nariño ofreció su concurso para apoyar las gestiones humanitarias tendientes a la liberación del mayor Germán Mendéz Pabón y el patrullero Edílmer Muñoz Ortiz (cuyo paradero es un misterio desde el mediodía del sábado), en tanto que el Defensor Otálora Gómez exigió a los responsables de esta acción respetar la vida e integridad de los uniformados, y confió en que así lo hagan.

Así mismo, en el corregimiento El Ejido del municipio de Policarpa, también en Nariño, se registró la desaparición de un líder indígena identificado como Teobaldo Suasoy, de 36 años de edad, quien fue abordado por siete hombres armados que sin identificarse se lo llevaron y lo condujeron hacia la zona del Bajo Patía.

Al respecto, el Defensor del Pueblo les solicitó a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes para aclarar lo sucedido y adelantar las labores de búsqueda necesarias, sin que se ponga en riesgo la vida de este ciudadano.

Familias desplazadas

Como si fuera poco, durante la tarde del sábado, en el sitio La Loma de Bartolo, jurisdicción de Guapi (Cauca), 168 personas pertenecientes a 59 familias, abandonaron sus lugares de habitación y se desplazaron por temor a los combates entre tropas de la Infantería de Marina y guerrilleros del frente 29 de las Farc.

Un censo preliminar permitió contabilizar 25 familias (17 hombres y 21 mujeres) de la comunidad de Juanico; 25 familias (44 hombres y 46 mujeres) de la comunidad de La Pampa, y 9 familias (20 hombres y 21 mujeres) de la comunidad indígena El Partidero.

La Defensoría del Pueblo adelanta labores de acompañamiento a las víctimas y gestiona ante el Comité Municipal de Justicia Transicional convocado por la Alcaldía de Guapi, la ayuda humanitaria de emergencia para los desplazados.

Esta preocupante problemática se complementa con los hechos denunciados el viernes por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de 13 concejales y 9 líderes comunitarios de El Tambo, quienes junto con sus familias (aproximadamente 80 personas), abandonaron la población y llegaron a Popayán en condición de desplazados por amenazas de presuntos integrantes de ‘Los Urabeños’.

Frente a esta situación, como se indicó oportunamente, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a la Unidad Nacional de Protección evaluar las circunstancias de intimidación por parte de dicho grupo armado ilegal que afecta a estos servidores públicos y ciudadanos, a la vez que pidió a las mismas autoridades adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de estas personas y de sus familias.