El jefe del Ministerio Público tuvo una semana muy movida, no sólo por cuenta de sus críticas al Marco Legal para la Paz y la advertencia de que los jefes guerrilleros no pagarían un solo día de cárcel, sino por el nuevo pico de tensión por el debate en el Congreso al tema de las uniones gay. El Procurador defiende sus tesis en ambos casos y habla, además, de las críticas de Petro, el caso DNE y las diferencias con el Fiscal General

 

 

EL NUEVO SIGLO: En su concepto sobre el Marco para la Paz advierte sobre el peligro de dar lugar a la acción de la Corte Penal Internacional. Los congresistas que impulsaron la norma aseguran que, por el contrario, el texto se elaboró con base en el Estatuto de Roma ¿Qué les responde?

Alejandro Ordóñez: El Marco Jurídico para la Paz si se queda diseñado como está diseñado, equivale a la impunidad, porque hace imposible la Justicia Transicional. La hace imposible porque los responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidios, no pagarían un solo día de cárcel. ¡Óigase bien!: ni un solo día de cárcel. Ese es el diseño que tiene hoy el Marco Jurídico para la Paz.

La pregunta que hago, en mi condición de Procurador, en mi condición de representante de la sociedad y en mi condición de representante de las víctimas, es precisamente esa: ¿Será que los autores de masacres, los responsables del desplazamiento forzado, los responsables de los crímenes contra personas protegidas por el DIH, los responsables del reclutamiento de niños, los responsables de tanto dolor y de tanta infamia no merecen una pena proporcional a los delitos cometidos? Ello se puede predicar incluso dentro de la Justicia Transicional. Esta no exime los convenios internacionales.

Si los delincuentes no tienen penas proporcionales a los delitos, desde luego, o las penas alternativas, con las flexibilizaciones que todo el mundo admite, estaríamos habilitando la jurisdicción universal, el ejercicio de la función judicial por parte de los organismos internacionales, de eso no tengo la menor duda.

Quiero anunciarles y decirles que este es el primer escenario de debate judicial (la revisión de exequibilidad en la Corte Constitucional al Marco Jurídico para la Paz), pero que si en este escenario no se logra adecuar ese marco jurídico a los estándares internacionales acudiré, en representación de la sociedad colombiana al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que de manera cautelar determine si esa ley, si ese marco jurídico, si esa norma constitucional, responde a los estándares internacionales diseñados por el Sistema Interamericano y su jurisprudencia para los escenarios latino-hispanoamericanos.

Creo que este debate jurídico se debe dar con la certeza de que debemos honrar, como Estado, los compromisos adquiridos y no podemos sacrificar en el altar de la impunidad a las víctimas.       

ENS:- Tras el intercambio de opiniones con el fiscal Eduardo Montealegre alrededor de temas como el Marco para la Paz ¿se tomaría un tintico con él?

AO:- Desde luego, pero por favor, yo no personalizo esa discusión, esa es una discusión de carácter jurídico. Yo soy muy amigo del fiscal Montealegre, he hablado el jueves con él y voy a seguir haciéndolo. Simplemente en el ejercicio de mis competencias constitucionales he expresado un concepto y no se puede presentar como un choque de trenes, sino como ejercicio de las funciones constitucionales y allí puede haber perfecta discrepancia, sin dramatizar de manera alguna esos escenarios.

ENS:- Por cierto, Usted ha dicho que es lógico que el Gobierno busque la paz, pero se apartó de algunas actitudes que se expresaron durante las marchas realizadas el pasado 9 de abril.

AO:- Claro que sí, comprendo el sentimiento de millones de colombianos, comprendo los deseos de expresar su voz para pedir la paz, en ello no tengo la menor objeción a los miles de colombianos que salieron a las calles. Pero he considerado que, primero, se manipuló esa expresión legítima de los colombianos el 9 de abril, porque parecía como si fuese un respaldo, un apoyo, no a las víctimas sino a los victimarios, de allí la presencia de organizaciones políticas financiadas por las Farc, tal como lo reconoce y lo ha denunciado reiteradamente el Ministro de Defensa.   

ENS:- ¿Cómo es posible, como lo dijo el fiscal Montealegre, que los miembros del Secretariado de las Farc no tengan procesos penales por delitos de lesa humanidad?

AO:- Discrepo de esa apreciación. Creo que sí tienen procesos por delitos de lesa humanidad y más aún sí tienen condenas por esos delitos. Hay una confusión derivada de pretender que en nuestro estatuto penal no hay un tipo penal que se denomine “delitos de lesa humanidad”. Es cierto que en nuestro estatuto penal no hay un delito denominado de esa forma, pero el delito de lesa humanidad para que sea tal, debe configurarse de acuerdo a que se realiza como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Los desplazamientos hacen parte de esos ataques sistemáticos; las desapariciones forzadas son ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil; la violación sexual en la confrontación es un ataque sistemático y generalizado…Un sinnúmero de otras conductas reúnen los requisitos señalados en el artículo séptimo del Estatuto de Roma que configuran delitos de lesa humanidad. No se requiere la definición, sino que las conductas se adecuen a los ataques contra la población civil, por eso discrepo muy respetuosamente de esa apreciación.

 

Unión marital gay

 

ENS:- Se ha advertido que si el Congreso no legisla sobre las uniones maritales de parejas del mismo sexo en el plazo dado por la Corte Constitucional, se abrirían dos posibilidades para que los notarios queden automáticamente facultados para otorgar matrimonio civil a ese tipo de parejas o que la Corte entre a suplir al Legislativo. ¿Cuál es su opinión?

AO: Cuando se habla de matrimonio, se habla del hombre y la mujer, no se puede, constitucional ni jurídicamente, hablar de matrimonio de personas del mismo sexo. Ello es una unión homosexual y ha dicho la Corte que debe satisfacerse ese déficit de protección que tienen y por eso ordenó la Corte la solemnización de esa unión homosexual. Pero ello no es equiparar al matrimonio, no puede hacerse la analogía por partir de supuestos diferentes y porque es indudable que no se puede hablar de matrimonio igualitario, allí no hay igualdad.

Una cosa es el matrimonio entre uno y una, tal como lo dice el artículo 113 del Código Civil y el artículo 42 de la Constitución, y otra cosa es la unión homosexual, que no tiene la naturaleza de matrimonio. Pretender que sea matrimonio es suplir, sustituir la Constitución.

Y así no se cumpla con el trámite legal (en el Congreso), los notarios no pueden celebrar los matrimonios de personas del mismo sexo, porque no existe fundamento legal ni constitucional. Pero más aún, no se puede fundar en la decisión de la Corte, porque lo que ha dicho es que se debe solemnizar ese contrato, tras sufrir los déficits de derechos.

Creo que allí, incluso, lo que se está pretendiendo es abrir las puertas a la adopción de niños por parejas homosexuales, porque si ya la Corte ha considerado que son familias y ahora se dice que son matrimonios, pues ahora viene la adopción de niños.

La Procuraduría ha tenido una posición jurídica consistente, coherente, correspondiente no solamente con el orden natural, sino con lo que le corresponde en sus competencias, que es con la Constitución y con la ley.       

ENS:- A propósito de este tema, nuevamente se han enfilado baterías contra la Procuraduría, esta vez por la presencia de la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos en la plenaria del Senado cuando se discutía el tema de la unión gay ¿Cree que hay una fijación contra los altos funcionarios del Ministerio Público?AO:- La presencia de Ilva Myriam no es exótica, la presencia de funcionarios de la Procuraduría en el Congreso es permanente. En ejercicio de nuestras competencias funcionales a nosotros nos invitan permanentemente, participamos de las discusiones en las diferentes comisiones y en la plenaria. Esta semana solamente respondimos a tres invitaciones a diferentes comisiones, ya sea para participar en los controles políticos o ya fuese para participar en las discusiones de carácter legislativo sobre diferentes temas, desde los agropecuarios hasta los mineros; desde los mineros, hasta los penales; desde los penales hasta los constitucionales; desde los constitucionales hasta los laborales; desde los laborales hasta la seguridad social… Entonces, no es exótico que estén allí funcionarios de la Procuraduría, porque eso tiene que ver con nuestras funciones constitucionales. (En el debate sobre el proyecto de unión homosexual) muchos congresistas solicitaron la presencia de la Procuraduría, de la doctora Ilva para conocer o para absolver las dudas que pudiera suscitar la posición de la Procuraduría y el marco constitucional y legal que se estaba definiendo.      

 

Ley de Víctimas

 

ENS:- ¿Cómo ve la aplicación de la Ley de Víctimas?

AO:- Desde luego la ley ha avanzado sustancialmente. La Procuraduría ha sido muy activa, tiene muchas competencias relativas a esa materia de víctimas y pienso que es un instrumento eficaz. Faltan algunos aspectos por implementar, pero si se logra, como se está logrando, la articulación entre las instituciones del Estado, puede contribuir altamente en este alcance de la paz, porque hoy en día la paz sin las víctimas, no es una paz sostenible; la paz sin el reconocimiento de los derechos de las víctimas no es una paz  sostenible; la paz sin la reparación no es una paz sostenible; la paz sin verdad no es una paz sostenible y de allí la necesidad de acudir a todos los instrumentos y a toda vocación y voluntad política de obtenerla.

 

Réplica a Petro

 

ENS:- El Alcalde de Bogotá se ha preguntado por qué la Procuraduría ha sido diligente con los funcionarios del Distrito sancionados mientras que, en concepto del burgomaestre, no lo ha sido con los concejales y exconcejales involucrados en el ‘carrusel’ de la contratación ¿Qué le responde?

AO:- No, al señor alcalde no le respondo, la sociedad colombiana es la encargada de evaluar la gestión que ha hecho la Procuraduría en la lucha contra la corrupción y concretamente sobre el cartel de la contratación en el Distrito Capital. Creo que los hechos son tozudos, son evidentes, hay que mirar cuál es la única entidad que ha proferido decisiones definitivas sobre el tema y seguimos actuando consistentemente.  

 

¿Yel caso DNE?

 

ENS:- ¿Qué ha pasado con el proceso relacionado con las anomalías en la Dirección Nacional de Estupefacientes?

AO:- La Procuraduría ha avanzado sustancialmente, hace un mes se profirió pliego de cargos contra el doctor Carlos Albornoz y se ha avanzado igualmente en los procesos de los otros exdirectores de la DNE. Allí hay un tema importante qué observar: el grueso de todo está en el proceso penal, que lo sigue la Fiscalía y aquí hasta hace muy poco fueron develadas  las pruebas. A partir de ese momento fueron trasladadas al proceso disciplinario.   

ENS:- Y hablando sobre las competencias del Ministerio Público ¿La capacidad de disciplinar a los legisladores sigue a su cargo o es total competencia del Consejo de Estado?

AO:- De acuerdo a la Constitución está en cabeza de la Procuraduría General.

ENS:- La Corte Suprema y la propia Ministra de Justicia han advertido sobre el efecto del llamado populismo punitivo en la congestión judicial y el hacinamiento carcelario ¿La solución está en hacer más laxas las leyes?

AO:- El problema del hacinamiento carcelario es uno de los dramáticos que demuestran la ineficiencia del Estado en esa función penitenciaria. Pienso que es menester diseñar esa política pública. Me reuní con la señora Ministra para intercambiar ideas sobre el tema, pienso que el proyecto de ley que presentaron tiene muchas cosas positivas. La Procuraduría, junto con el ministerio de Justicia va a impulsarlo y allí se debe tener un punto ponderado. Pienso que frente a las determinaciones carcelarias debe tenerse en cuenta la gravedad de la falta y la peligrosidad del delincuente para tomar cualquier medida que sea, ya para flexibilizar o para ser más rigorista.  

 

Drogas sintéticas

 

ENS:- ¿Qué opina de la propuesta de regular la dosis mínima de drogas sintéticas?

AO:- En esa materia no estoy de acuerdo. La Procuraduría ha hecho estudios científicos, jurídicos y sociológicos de alto calado. Acabamos de publicar un libro que se llama Los 8 mitos de la liberación de la droga, y se trata de despejar varios sofismas que tienen que ver con la política antidroga, que tienen que ver con aspectos de carácter económico y de presiones internacionales.

Debo advertir públicamente que la Procuraduría no está de acuerdo con la descriminalización del consumo de la droga ni del tráfico, la producción, como tampoco con la regularización, como hoy se ha dicho. Pienso que cuando se plantea y se propone ello no se está valorando el terrible daño  social que se causa a la sociedad.

Creo que por la preservación de los valores de la sociedad, especialmente de la juventud y por la defensa de la familia esas propuestas sobre regularizar el consumo de droga afectan sustancialmente a la sociedad y a la integridad de la juventud. Esta política se debe fortalecer también con la prevención, porque en Colombia el drogadicto no es un delincuente, sino un enfermo, entonces tenemos que fortalecer la política pública con la prevención.         

ENS:- Y hablando de proyectos de reforma ¿qué impresión tiene de la propuesta de reforma a la salud presentada por el Gobierno?

AO:- Estamos muy activos en ese tema. He designado a una comisión de procuradores para que valoren exactamente los alcances de esa reforma y así poder intervenir activamente en ese rediseño de la política pública de la salud. 

ENS:- ¿De otro lado, se realizó el primer congreso sobre las implicaciones de la Ley de Inteligencia? ¿Qué destaca de esta norma?

AO:- Se creará la comisión asesora para la depuración de los datos y archivos de la Inteligencia y Contrainteligencia, que será presidida por el Procurador General y tendrá como objeto producir un informe de recomendaciones al Gobierno nacional sobre los criterios de permanencia o de retiro de la información así como el destino de los datos de archivo de Inteligencia y Contrainteligencia que sean retirados.

ENS:- Una última pregunta: ¿qué responde acerca de los señalamientos en el  sentido de que ha entregado puestos a personas referidas por sus familiares?

AO:- Desde antes de posesionarme hace cuatro años dije que iba a recibir perfiles de diferentes sectores sociales, incluido el de mi familia.