Aunque a finales del año pasado se conoció que sólo en marzo el procurador Alejandro Ordóñez diría si estaba interesado en buscar la reelección, él decidió destapar sus cartas antes.

Ayer Ordóñez confirmó que había hablado con el presidente Juan Manuel Santos sobre que sí está interesado en repetir en la Procuraduría y que por lo mismo estaba iniciando contactos para que su nombre fuera contemplado en las respectivas ternas.

“… A mí me gusta la función pública, a mí me gustan los escenarios públicos y es mi vocación. Se ha hecho una gestión en contra de la corrupción... Si están de acuerdo con lo que estoy haciendo, pues inclúyanme en la terna; pero eso no depende de mí, pero yo ya he manifestado a quienes intervienen en la elaboración de la terna mi decisión de aspirar a la reelección”, precisó el Procurador en declaraciones a la FM de RCN.Postulado por el Consejo de Estado, Ordóñez fue elegido al frente del Ministerio Público en diciembre de 2008 por un total de 81 votos (de 102 posibles en el Senado), la mayoría de ellos provenientes de la coalición parlamentaria uribista.

De muy profundas y ortodoxas convicciones religiosas, sobre todo en materias como el aborto, el concepto de familia, adopción y matrimonio, Ordóñez se posesionó en enero de 2009, por lo que su periodo vence en el mismo mes de 2013.

Aunque en un principio desde las orillas de la oposición se dijo que Ordóñez asumía con el guiño uribista, lo cierto es que poco a poco sus decisiones fueron confirmándole al país que se trataba de un funcionario de recio carácter y que no le temblaba la mano para sancionar a quien fuera, sin importar la orilla política o ideológica.

Pruebas al canto sobran. Varios de los más sonados escándalos de corrupción han sido zanjados con drásticos fallos disciplinarios. Por cuenta de la compraventa de votos parlamentarios para aprobar la reforma reeleccionista en 2004 destituyó al ex ministro Sabas Pretelt. Por las chuzadas corrió igual suerte el ex secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, así como a una gran parte de la cúpula del DAS. Aplicó similar sanción al ex ministro Andrés Felipe Arias por las anomalías del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). También impuso el máximo castigo al ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, a su hermano senador, al ex contralor distrital Miguel Moralesrussi y a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, entre muchos otros, por el escándalo delcarrusel de la contratación. Igual fue el actuar cuando sacó del cargo a la senadora Piedad Córdoba por presuntos nexos con las Farc... Yidispolítica, farcpolítica y otros tantos casos de corrupción han sido objeto de ejemplares castigos disciplinarios, así como varios gobernadores, alcaldes y ex altos cargos nacionales y departamentales. Ello explica por qué es uno de los funcionarios estatales mejor calificados.

Es más, pese a que en más de una ocasión ha sido criticado y demandado por quienes consideran que sus convicciones religiosas e ideológicas afectan su papel como jefe del Ministerio Público, hasta el momento ninguna acción de tutela u otra diligencia judicial le ha reprochado actitud ilegal alguna.

Incluso, esa misma labor anticorrupción fue la que poco a poco lo posicionó en estos tres años ante la opinión pública, a tal punto que el año pasado empezó a sonar como posible precandidato presidencial del conservatismo, rumores que supo esquivar para evitar que se tendiera un manto de politización sobre su labor.

Nuevo escenario

Ahora bien, después de haber revelado que está interesado en buscar un segundo periodo, la pregunta obvia es qué tantas posibilidades de lograrlo tiene.

Allí es necesario profundizar dos aspectos. En primer lugar, que su proceso de reelección podría variar sustancialmente frente a lo ocurrido en 2008. Según la Constitución de 1991 el Procurador General es elegido por el Senado para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Sin embargo, el proyecto de reforma a la Justicia que tramita el Congreso (en donde ya superó cuatro de los ocho debates reglamentarios) contempla que el jefe del Ministerio Público sería elegido por el Senado, pero de terna integrada estrictamente por el Presidente de la República.

Obviamente a las altas Cortes judiciales que les quiten las facultades nominadoras y electoras de jefes de entes de control (Procurador, Fiscal y Contralor) no les gusta para nada, y ese es uno de los temas que generó que los presidentes de los máximos tribunales se retiraran a finales del año pasado de las discusiones parlamentarias sobre la reforma, sin que hasta el momento Congreso o Gobierno hayan podido convencerlos de retornar.

En ese orden de ideas, Ordóñez deberá esperar hasta junio próximo para saber cómo gestiona su reelección. Bajo las actuales reglas del juego, lo lógico sería que buscara ser postulado de nuevo por el Consejo de Estado, que ya lo hizo en 2008 y busca retener esa facultad nominadora, pero si progresa la reforma entonces tendrá que ir directamente a Santos para que lo postule.

Si fuera este segundo escenario, su elección dependería del guiño que haga Santos y las movidas políticas al interior de la coalición de Unidad Nacional, pues se sabe que los distintos partidos tienen sus pulsos por la titularidad de los entes de control.

En los corrillos políticos rumoran que posiblemente el conservatismo respaldaría a Ordóñez, más aún porque a la actual fiscal Viviane Morales muchos la ubican ahora como liberal santista, en tanto que a la contralora Sandra Morelli se le reconoce como santista de perfil técnico. Volmar Pérez, reelecto Defensor del Pueblo, es de claro origen conservador y se sabe que La U y los liberales empezaron a maniobrar para que ese cargo recayera en uno de los suyos; de allí, según analistas, el alboroto que armaron voces de esas colectividades sobre otra posible reelección de Pérez, algo que él mismo desmintió.

Destituir congresistas

Un segundo aspecto para determinar la viabilidad de la reelección de Ordóñez depende de lo que pase con un fallo en ciernes de la Corte Constitucional en donde está en juego la facultad de la Procuraduría para sancionar con destitución a los congresistas. El caso analizado es el de Piedad Córdoba, aunque también han sido sancionados por la Procuraduría los senadores Amparo Arbeláez e Iván Moreno. El propio Procurador advirtió ayer que si la Corte le retira esa facultad, muchos casos se vendrían al piso.

En el Congreso, obviamente, que el Ministerio Público pueda destituir congresistas no tiene mucho apoyo y prefieren que esa facultad siga siendo competencia exclusiva del Consejo de Estado, paradójicamente el que postuló a Ordóñez en 2008. Es más, en el proyecto de reforma a la Justicia se trata de que allí quede clara esa competencia única.

En los cotarros políticos se afirma que a Ordóñez le convendría que la Corte le quitara esa facultad, pues es institucionalmente complicado que él sea juez disciplinario de los senadores que lo eligen.

Como se ve, si bien el Procurador destapó ya sus cartas, todavía es muy temprano para vislumbrar la viabilidad de su reelección, no sólo porque las reglas del juego de su escogencia están en vilo, sino porque el escenario político en la coalición santista está muy movido y cualquier cosa podría pasar.