El procurador Alejabdro “Ordóñez aprovecha su tiempo para lograr acumular tres sanciones e inhabilitarme para la próxima campaña electoral”, trinó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que el Ministerio Público anunciara un nuevo castigo en su contra.

 

La Procuraduría sancionó a Petro con doce meses de suspensión y de inhabilidad por la que consideró expedición de manera irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá. Como ya no está en el cargo, Petro deberá pagarle a la Nación el equivalente a los salarios que habría devengado durante el tiempo de suspensión.

 

Según Petro, la “Fiscalía archivó proceso en que me acusaban por decretar el POT de Bogotá y dijo que normas no eran claras. Ordóñez me persigue políticamente”.

 

Para la Procuraduría, Petro adoptó el POT de manera excepcional, mediante el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, pese a que el Concejo distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo.

 

La entidad señaló que Petro sabía que estaba actuando de manera irregular pues pese a las advertencias sobre el caso y de un simple análisis de la Ley, se podía determinar que no tenía competencia para adoptar la modificación excepcional del POT por decreto.

 

Petro, sostuvo la Procuraduría a través de un comunicado, “obró en su actuar con dolo, lo que hace parte de aquellos elementos que agravan su comportamiento, pues el conocimiento del hecho, de su ilicitud y su actuar voluntario no dan más espacio que para considerar que este elemento debe hacer parte de la dosificación de la sanción a imponer”.

 

El Ministerio Público calificó la falta como grave, a título de dolo, pues Petro, “con plena voluntad y conocimiento del procedimiento que debía realizarse para lograr la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, habría suscrito dicho decreto haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”.

 

La Procuraduría ya había destituido a Petro e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por el cambio de esquema de la recolección de basuras en la capital. Sin embargo, la sanción está siendo revisada por el Consejo de Estado y, por lo pronto, la ponencia les propone a los magistrados echarla para atrás.