En desarrollo de su visita institucional a la capital antioqueña, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, visitó este viernes la Comuna 13 de Medellín.

El jefe del órgano de control, en compañía del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, recorrió las calles y compartió con los habitantes de esta zona de la ciudad frente a problemáticas, proyectos sociales en desarrollo y situaciones de vulneración de Derechos Humanos que son y serán atendidas por el Ministerio Público.               

En desarrollo de la visita, el procurador general fue abordado por representantes de la comunidad LGBTI en Medellín, con quienes sostuvo una charla privada y a quienes resolvió inquietudes y recibió denuncias sobre presuntos actos de maltrato como consecuencia de su preferencia sexual.   

“Qué mejor que venir a un lugar que, podríamos decir, ha sido un laboratorio de paz, casi una universidad de paz porque ustedes recuerdan como la Comuna 13 fue casi que un símbolo de la violencia y de todo el deterioro que hemos venido sufriendo en la sociedad. Este lugar ha tenido varias fases de recuperación y ha estado comprometida toda la institucionalidad para tener los resultados que hoy tenemos”, destacó.

El procurador resaltó el ejercicio de pacificación y reconciliación en la Comuna 13, señalando esta zona de Colombia como ejemplo de transición entre conflicto y paz.

“Encuentra uno una comuna con mucha tranquilidad, con mucho sentido de solidaridad. Desde luego que tiene muchos inconvenientes y hay muchos retos, pero es un ejemplo de cómo se puede transitar de la guerra a la paz y como acá se comprometió toda la sociedad y no solamente nuestras Fuerzas Militares”.

Atendiendo inquietudes de los medios de comunicación que acompañaron su visita institucional, el jefe del Ministerio Público reveló que la Procuraduría recibió una queja frente al posible desalojo de familias residentes en casas fiscales en el Cantón Militar Pichincha, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).    

“La Procuraduría acaba de recibir una queja que vamos a evaluar. Estoy dirigiendo una comunicación al señor ministro de Defensa y al señor comandante del Ejército para que den a la Procuraduría exacta información de cuáles fueron los hechos, qué personas estuvieron implicadas, si fueron los funcionarios públicos o fueron sus familias. Ello en orden a la protección de los Derechos Humanos y de las garantías constitucionales y evitar actuaciones o decisiones arbitrarias”, señaló.