La Corte Constitucional confirmó hoy que los más de 700 funcionarios nombrados por libre nombramiento y remoción en la Procuraduría deberán participar en un concurso de méritos del cual dependerá que se mantengan en sus cargos.

Esta decisión, la cual declaró inexequible el artículo 182 del decreto 262 de 2000, obliga al procurador general Alejandro Ordoñez a que dentro del plazo de un año sean llamados a concurso a los procuradores judiciales, o procuradores I y II, que se encuentran en calidad de libre nombramiento y remoción.

La Corte fue explicita al ordenar que los primeros seis meses serán para convocar el concurso y los seis siguientes para que sean ocupados los cargos. Esto deja a unos 700 funcionarios a nivel nacional en condición de provisionalidad hasta que el Ministerio Público ejecute el concurso y la selección.