El Consejo de Estado le dio tres meses a los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y a la empresa PDVSA para diseñar e implementar un sistema de protección del gasoducto colombo – venezolano contra los riesgos de ataque terrorista y tránsito indiscriminado de indígenas Wayúu en el tramo que atraviesa nuestro país.

La decisión fue adoptada al resolver una tutela a favor de 85 comunidades Wayúu, quienes vieron vulnerados sus derechos por la instalación y operación de un gasoducto construido por PDVSA en el marco del Proyecto de Interconexión Gasífera Colombia – Venezuela, que atraviesa el territorio de dicho pueblo.

Las comunidades aborígenes explicaron que su seguridad se encontraba en riesgo, debido a los atentados terroristas contra el gasoducto y al peligro para las personas y animales que usualmente transitan por encima del tubo, ya que no existe otra alternativa de paso a lo largo de sus casi 90 kilómetros de longitud.

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, encontró que “la integridad del territorio ancestral Wayúu ha sido afectada por la instalación del gasoducto que, en su tramo colombiano, literalmente dividió el territorio con una estructura lineal, sin que las autoridades demandadas o la empresa hubiesen dispuesto medios para permitir el cruce normal de personas, animales y vehículos”.

“Esta obra de infraestructura constituye un obstáculo externo que coarta el libre tránsito de personas del pueblo Wayúu, particularmente en ejercicio de sus actividades de sustento en tanto pueblo pastoril seminómada del desierto. Por esta razón, para efectos de cruzar el oleoducto, las personas y animales deben literalmente pasar por encima de la obra, exponiendo así su seguridad personal a que ocurra un accidente”, indica la sentencia.

La Sala explicó que la Constitución Política contempla el derecho que tienen las comunidades indígenas a la integridad de su territorio ancestral, lo cual incluye su no fraccionamiento por la instalación de obras de infraestructura.