El Consejo de Estado le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ejecutar un plan de recuperación ambiental de los terrenos de bajamar ilegalmente ocupados en las veredas de Mirlanda y Villagloria, corregimiento de La Boquilla, (en Cartagena, Bolívar).
Con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, la Sección Primera de la máxima instancia de lo contencioso administrativo le dio seis meses a la entidad para adelantar estudios y procesos contractuales que garanticen la reforestación, estabilización y conservación de los suelos y la fauna de este lugar, afectado por la disminución del flujo natural de las aguas marinas y de la ciénaga de La Virgen.
El Consejo de Estado conoció del asunto luego de que fuere impugnada una acción popular en la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó recuperar los predios ilegalmente ocupados por las comunidades de Mirlanda y Villagloria, en zonas de bajamar. Al mismo tiempo, esa corporación ordenó reubicar a las centenares de familias asentadas allí hace más de 20 años, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan por habitar esas tierras que se enfrentan a un alto riesgo de desastre.
Al estudiar el expediente, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo ratificó que, por tratarse de zonas catalogadas como de ‘bajamar’, se trataba de bienes de uso público, por cuanto no podían ser objeto de apropiación privada de ninguna índole, luego era evidente la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente que se habían visto amenazados por estos asentamientos ilegales. De ahí su decisión de mantener la orden de reubicación, que no puede concretarse hasta tanto las familias no cuenten con una nueva vivienda digna que deberá proporcionarles la Alcaldía de Cartagena.
Adicionalmente, el Consejo de Estado comprometió a Cardique para que se ocupe del plan de recuperación ambiental de los predios a restituir. Además, esa entidad, la Alcaldía y la Dirección General Marítima (Dimar) fueron conminadas a ejercer vigilancia en el sector, a fin de impedir nuevas invasiones y prevenir el deterioro ambiental del lugar.
El Ministerio de Vivienda recibió un exhorto por parte de la Sala para que preste la asesoría técnica necesaria y eventualmente contribuya a financiar los planes y programas que se requieren para reubicar a las familias en condiciones de dignidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Cartagena y la Defensoría del Pueblo también deberán sumarse a esta tarea que busca garantizar la recuperación ambiental del lugar, sin afectar los derechos de las comunidades que habitan allí en la actualidad.