Al declararlo crimen de lesa humanidad, la Fiscalía garantiza que el caso no prescribirá.

________________
Tal como anticipó EL NUEVO SIGLO, la Fiscalía General de la Nación alista una imputación de cargos por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, luego de elevar el crimen a delito de lesa humanidad. Así mismo la Fiscalía ordenó la práctica de nuevas diligencias judiciales.

Ver Alistan imputación por asesinato de A. Gómez

En este portal web, el lunes en la noche, se había adelantado que la Fiscalía alistaba una serie de medidas judiciales en el marco de una nueva línea de investigación sobre el crimen, que fue cometido el 2 de noviembre de 1995, cuando el periodista, ex Designado a la Presidencia y experimentado dirigente político fue acribillado por sicarios cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, al norte de Bogotá.

La noticia de nuevas diligencias fue confirmada ayer por la Fiscalía que, en primer término, explicó las razones por las cuales el magnicidio se declaró como crimen de lesa humanidad, luego de realizar un análisis detallado y completo de la forma cómo ocurrieron los hechos y de contextualizar lo que venía ocurriendo en el país en ese momento.

De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, “la Fiscalía tiene una deuda con el país en el esclarecimiento de algunos magnicidios. El de Gómez Hurtado es uno, pero está el de Luis Carlos Galán Sarmiento que estamos concluyendo y que está orientada a determinar la participación de otros agentes del Estado”. Lo mismo se propone Martínez con casos como el magnicidio del exministro Rodrigo Lara Bonilla y de Jesús Antonio Bejarano, ex comisionado de Paz, anotando que “las investigaciones avanzan de manera muy diligente para darle una respuesta al país. (Estos crímenes) no pueden quedar en la impunidad, se está trabajando con mucho impulso”.

Lesa humanidad

En su ponencia el fiscal del caso Gómez Hurtado sostiene que fue un personaje que “realizó una ferviente campaña en pro de la moralización del país, de la restauración institucional, y de la eficiencia y eficacia del Congreso.  Además resaltó la participación del líder en la eliminación de todas las formas de violencia y delincuencia”.

En ese contexto, sostuvo ayer el ente acusador, se dio el atentado como resultado de la política de amedrentamiento por parte de grupos de narcotraficantes que “se veían directamente afectados con la crisis de gobernabilidad por la que atravesaba el país, y el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico”.

Ese marco circunstancial llevó a que la fiscal de la Unidad de Derechos Humanos concluyera que el magnicidio fue uno de los “asesinatos que se cometieron  por el cartel del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición,  instaurada por el temeroso cartel de los ‘extraditables’ en la década de los 80”.

La Fiscalía también demostró a través del material probatorio recaudado, cómo en la  década de los 90 también “se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los derechos humanos como amenazas, secuestros y asesinatos  de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país. Hechos que sin duda cobran carácter de delitos internacionales o de lesa humanidad y, que en aras de  la prevalencia de la Justicia y de la mano de los tratados internacionales y la Constitución Política, se tiene clara  la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”.

Un avance

Es claro que con la declaratoria de este homicidio como delito de lesa humanidad, la acción penal para encontrar a los autores materiales e intelectuales no podrá prescribir en ningún lapso.

Desde hace varios años, distintos sectores políticos, incluso cuatro expresidentes, varios procuradores, así como la familia del asesinado líder político y sendos editoriales de EL NUEVO SIGLO (del cual Gómez Hurtado fue director e inspirador periodístico por décadas) venían pidiendo que este magnicidio, al igual que ocurrió con otros asesinatos de líderes políticos, fuera declarado como de lesa humanidad. En 2015, al cumplirse los 20 años del crimen, se temía el riesgo de prescripción, pero la Fiscalía dijo que la acción penal estaría vigente hasta 2022.

Ahora con la declaratoria ayer de crimen de lesa humanidad, ya no hay límite de tiempo en unas investigaciones que la misma familia Gómez Hurtado ha denunciado se han tratado de desviar en varias ocasiones hacia hipótesis falsas y con el claro objetivo de impedir que algún día se conozca quiénes cometieron el crimen, quiénes lo ordenaron y sus móviles reales.

Nuevas medidas

Tanto en la providencia en la que se declaró este crimen como de lesa humanidad como en otra fechada el 19 de diciembre, la Fiscal Delegada que lleva el caso decretó una serie de nuevas pruebas, todas dirigidas al llamado “cartel del Norte del Valle”.

En primer lugar se ordenó a una investigadora de la Fiscalía que “identifique, ubique e individualice” a Jorge Eliécer Asprilla, alias “Negro Asprilla” con el fin de ser escuchado en diligencia de declaración. Se trata de uno de los antiguos cabecillas de este cartel, que fue capturado y extraditado a EU en el año 2000. Recuperó su libertad en 2013 y volvió a Colombia.

También se ordenó una declaración de Oscar Iván Henao  Montoya, actualmente preso en Colombia, tras ser capturado en abril de 2015 en una operación antidroga. Es hermano de Lorena Henao Montoya (asesinada en 2012 y esposa de otro señalado narcotraficante Iván Urdinola Grajales) y de Arcángel Henao Montoya, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Igualmente se ordenó citar a declaración a Henry Loaiza Ceballos, alias ‘Alacrán’, ex capo del “Norte del Valle”, extraditado a EU y que luego regresó al país, en donde se le procesó por su presunta participación en las masacres de Trujillo (Valle), en la década de los 90.

De igual manera, se pidió investigar la hoja de vida del paso por la Policía de Amín Antonio Acuña Severiche, Marcos William Duarte y Luis Guillermo Parra Niño.

También se pidió a la oficina de Gestión Internacional de la Fiscalía información sobre la Carta Rogatoria, de fecha 4 de agosto de 2017, enviada a Suiza, con el fin de poder tener una declaración de Arcángel Henao Montoya, extraditado a EU en 2003 y quien quedó libre una década después.

Por último, la Fiscal Delegada pidió a oficina de Gestión Internacional de la Fiscalía para que reitere al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la petición para “escuchar en declaración” a Ramón Alberto Quintero Sanclemente, señalado capo del “Norte del Valle”, que fue capturado en 2010 en Ecuador y extraditado en 2011.

En este portal web, el lunes en la noche, se había adelantado que la Fiscalía alistaba una serie de medidas judiciales en el marco de una nueva línea de investigación sobre el crimen, que fue cometido el 2 de noviembre de 1995, cuando el periodista, ex Designado a la Presidencia y experimentado dirigente político fue acribillado por sicarios cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, al norte de Bogotá.

La noticia de nuevas diligencias fue confirmada ayer por la Fiscalía que, en primer término, explicó las razones por las cuales el magnicidio se declaró como crimen de lesa humanidad, luego de realizar un análisis detallado y completo de la forma cómo ocurrieron los hechos y de contextualizar lo que venía ocurriendo en el país en ese momento.

De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, “la Fiscalía tiene una deuda con el país en el esclarecimiento de algunos magnicidios. El de Gómez Hurtado es uno, pero está el de Luis Carlos Galán Sarmiento que estamos concluyendo y que está orientada a determinar la participación de otros agentes del Estado”. Lo mismo se propone Martínez con casos como el magnicidio del exministro Rodrigo Lara Bonilla y de Jesús Antonio Bejarano, ex comisionado de Paz, anotando que “las investigaciones avanzan de manera muy diligente para darle una respuesta al país. (Estos crímenes) no pueden quedar en la impunidad, se está trabajando con mucho impulso”.

Lesa humanidad

En su ponencia el fiscal del caso Gómez Hurtado sostiene que fue un personaje que “realizó una ferviente campaña en pro de la moralización del país, de la restauración institucional, y de la eficiencia y eficacia del Congreso.  Además resaltó la participación del líder en la eliminación de todas las formas de violencia y delincuencia”.

En ese contexto, sostuvo ayer el ente acusador, se dio el atentado como resultado de la política de amedrentamiento por parte de grupos de narcotraficantes que “se veían directamente afectados con la crisis de gobernabilidad por la que atravesaba el país, y el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico”.

Ese marco circunstancial llevó a que la fiscal de la Unidad de Derechos Humanos concluyera que el magnicidio fue uno de los “asesinatos que se cometieron  por el cartel del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición,  instaurada por el temeroso cartel de los ‘extraditables’ en la década de los 80”.

La Fiscalía también demostró a través del material probatorio recaudado, cómo en la  década de los 90 también “se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los derechos humanos como amenazas, secuestros y asesinatos  de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país. Hechos que sin duda cobran carácter de delitos internacionales o de lesa humanidad y, que en aras de  la prevalencia de la Justicia y de la mano de los tratados internacionales y la Constitución Política, se tiene clara  la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”.

Un avance

Es claro que con la declaratoria de este homicidio como delito de lesa humanidad, la acción penal para encontrar a los autores materiales e intelectuales no podrá prescribir en ningún lapso.

Desde hace varios años, distintos sectores políticos, incluso cuatro expresidentes, varios procuradores, así como la familia del asesinado líder político y sendos editoriales de EL NUEVO SIGLO (del cual Gómez Hurtado fue director e inspirador periodístico por décadas) venían pidiendo que este magnicidio, al igual que ocurrió con otros asesinatos de líderes políticos, fuera declarado como de lesa humanidad. En 2015, al cumplirse los 20 años del crimen, se temía el riesgo de prescripción, pero la Fiscalía dijo que la acción penal estaría vigente hasta 2022.

Ahora con la declaratoria ayer de crimen de lesa humanidad, ya no hay límite de tiempo en unas investigaciones que la misma familia Gómez Hurtado ha denunciado se han tratado de desviar en varias ocasiones hacia hipótesis falsas y con el claro objetivo de impedir que algún día se conozca quiénes cometieron el crimen, quiénes lo ordenaron y sus móviles reales.

Nuevas medidas

Tanto en la providencia en la que se declaró este crimen como de lesa humanidad como en otra fechada el 19 de diciembre, la Fiscal Delegada que lleva el caso decretó una serie de nuevas pruebas, todas dirigidas al llamado “cartel del Norte del Valle”.

En primer lugar se ordenó a una investigadora de la Fiscalía que “identifique, ubique e individualice” a Jorge Eliécer Asprilla, alias “Negro Asprilla” con el fin de ser escuchado en diligencia de declaración. Se trata de uno de los antiguos cabecillas de este cartel, que fue capturado y extraditado a EU en el año 2000. Recuperó su libertad en 2013 y volvió a Colombia.

También se ordenó una declaración de Oscar Iván Henao  Montoya, actualmente preso en Colombia, tras ser capturado en abril de 2015 en una operación antidroga. Es hermano de Lorena Henao Montoya (asesinada en 2012 y esposa de otro señalado narcotraficante Iván Urdinola Grajales) y de Arcángel Henao Montoya, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Igualmente se ordenó citar a declaración a Henry Loaiza Ceballos, alias ‘Alacrán’, ex capo del “Norte del Valle”, extraditado a EU y que luego regresó al país, en donde se le procesó por su presunta participación en las masacres de Trujillo (Valle), en la década de los 90.

De igual manera, se pidió investigar la hoja de vida del paso por la Policía de Amín Antonio Acuña Severiche, Marcos William Duarte y Luis Guillermo Parra Niño.

También se pidió a la oficina de Gestión Internacional de la Fiscalía información sobre la Carta Rogatoria, de fecha 4 de agosto de 2017, enviada a Suiza, con el fin de poder tener una declaración de Arcángel Henao Montoya, extraditado a EU en 2003 y quien quedó libre una década después.

Por último, la Fiscal Delegada pidió a oficina de Gestión Internacional de la Fiscalía para que reitere al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la petición para “escuchar en declaración” a Ramón Alberto Quintero Sanclemente, señalado capo del “Norte del Valle”, que fue capturado en 2010 en Ecuador y extraditado en 2011.

 

 

Síganos en nuestras redes sociales:

elnuevosiglo en Instagram

@Elnuevosiglo en Twitter

El Nuevo Siglo en Facebook