El Consejo de Estado le ordenó a una institución educativa de Bogotá y a la Secretaría de Educación Distrital que investiguen las conductas denunciadas por una estudiante que afirma ha sido víctima de “bullying o matoneo escolar” por parte de un profesor.

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas, decidió ordenarles además a dichas entidades que se investigue la situación académica y convivencial de la alumna dentro del establecimiento educativo y que presenten un informe en el término de dos meses al alto tribunal.

El pronunciamiento lo hizo la Sala al resolver una tutela interpuesta a nombre de una menor que dice que se ha visto afectada por los malos tratos de un docente, quien la agrede verbalmente y le ha creado “mala fama” en el colegio.

El Alto Tribunal señaló que aunque no se encuentran denuncias al respecto ante la rectoría del colegio y la Secretaría de Educación, tampoco se ha creado el comité escolar de convivencia que, por ley (Ley 1620 de 2013), debió crear el colegio para investigar situaciones como la que aquí se debate.

Señala además que aunque los casos de acoso escolar que se presenten al interior de las instituciones educativas representan una clara amenaza contra los derechos fundamentales de los menores y sus familias, las autoridades educativas no pueden presumir dichos actos, por lo que es necesaria la colaboración de las posibles víctimas para demostrar tal situación.

“La Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda de tutela, bajo el entendido de la necesidad de iniciar el procedimiento necesario para el esclarecimiento de la verdad respecto a sus afirmaciones, y teniendo en cuenta que ningún proceso formal se ha iniciado por parte de la Institución Educativa o la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá”, señala la decisión.