Cincuenta y tres personas fueron capturadas en Chocó y Bogotá, entre ellos 48 profesores, funcionarios públicos y abogados, como presuntos responsables de un fraude organizado para favorecer con una prima especial vitalicia a los docentes que no tenían derecho de ese beneficio.

La operación surgió luego de una serie de denuncias realizadas por quienes debían ordenar los pagos de la llamada pensión gracia, que deben recibir los profesores nacionalizados o territoriales que acrediten su vinculación en planteles educativos del orden municipal o departamental antes de 1981 y 20 años de servicio, explicó Luis González León, director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, entidad de la Fiscalía que realizó la investigación.

Desde el jueves 15 de enero del 2015, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizo 48 capturas en los municipios chocoanos de Quibdó (22 personas), Tadó (13 personas) e Istmina (13 personas). Dentro de la misma investigación, el pasado 9 de diciembre de 2014, servidores la Subdirección de Policía Judicial de la Seccional Chocó capturaron a 5 personas, una en Quibdó, dos en Istmina y dos en Bogotá por estos hechos.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) detectó algunas irregularidades en las solicitudes de estas pensiones, por lo que emprendió una serie de averiguaciones e investigaciones, relacionadas con los decretos de nombramiento de los docentes para los años 1979 y 1980, en los municipios de Istmina, Tadó y Quibdó. Así, estableció que dichos actos de nombramiento eran falsos.

El ilícito se cometía cuando los educadores pedían que se les reconociera la denominada pensión de gracia –a través de un exsecretario de gobierno municipal de una de estas localidades, un secretario de la administración de uno de estos municipios y tres abogados litigantes– a la UGPP. La denuncia de esta última entidad ante la Fiscalía indica que 57 profesores en Chocó se sumaron a estas peticiones irregulares.

Con este fin, se elaboraban resoluciones falsas en las que se hacía constar prestaciones de servicios que nunca existieron y así los municipios certificaban la elaboración de un trabajo que realmente jamás fue realizado.

El monto total de lo que se ha pagado es de 262 millones de pesos. Cada uno de los profesores debía recibir una prima de 2,1 millones de pesos mensuales, por eso, el cálculo de los investigadores indica que gracias a la investigación de la Fiscalía se impidió un desfalco al tesoro público de por lo menos 4.700 millones de pesos.

Los detenidos fueron llevados ante los jueces bajo los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento público y fraude procesal.