Veinte grupos civiles y políticos de oposición convocaron este miércoles a una marcha contra el plan del gobierno nicaragüense de otorgar la concesión de un Canal Interoceánico a una empresa de Hong Kong, "registrada en la Islas Caimán que no tiene capacidad ni dinero" para ejecutar las obras.
Por su lado organizaciones ecologistas calificaron el proyecto como "la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país", mientras comunidades indígenas denunciaron un intento "confiscatorio, sobre gran parte de las tierras" comunales cedidas a las etnias originarias.
El gobierno del sandinista Daniel Ortega busca ceder a la firma HK Nicaragua Canal Development Investment Co (HKNC) -creada en Hong Kong y con una subsidiaria en las Islas Caimán- derechos exclusivos para diseñar, construir y operar un canal por un máximo de 100 años.
"La movilización para la defensa de la soberanía nacional" marchará por Managua el jueves hacia el Congreso, donde los diputados oficialistas tienen previsto sesionar para aprobar el proyecto de concesión, informó el Movimiento por Nicaragua (MpN) que organiza la marcha de protesta.
Ortega quiere "crear un enclave dentro del Estado nicaragüense (..) utilizando para ello a un vil testaferro, un individuo desconocido, con una empresa de maletín registrada en las Islas Caimán, que no tiene ni la capacidad ni el dinero para emprender ninguna obra de mediana envergadura y que no tiene ningún vínculo oficial con el Gobierno Popular de China", denunció un manifiesto de las veinte agrupaciones.
Nicaragua carece de vínculos diplomáticos con Pekín y mantiene su reconocimiento a Taiwán.
Los críticos recordaron que el fundador de la HKNC, el abogado Wang Jing, también dirige la empresa de telecomunicaciones Xinwei, que el año pasado obtuvo una concesión de 700 millones de dólares del gobierno para abrir una empresa de telefonía celular, y no ha hecho nada hasta la fecha.
A juicio de los opositores, el proyecto es "la mayor estafa y robo de los bienes nacionales que se haya realizado en toda la historia" de Nicaragua.
También grupos ambientalistas, nucleados en la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, calificaron al proyecto de "lesivo a la soberanía nacional" y una amenaza a la seguridad alimentaria al entregar en concesión "una amplia zona geográfica del país".
Este proyecto "significa la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en su historia y el mayor riesgo de desproteger a la población nicaragüense (...) de agua y alimentación segura", y lo expone a condiciones "ambientales negativas que pueden significar la destrucción irreversible de ecosistemas", señalaron en un comunicado.
En tanto, indígenas y afrodescendientes de la zona del Caribe reclamaron al Frente Sandinista porque el proyecto amenaza confiscar más de 400.000 hectáreas de tierras comunales que el mismo gobierno les dio en propiedad en 2010.
Por su parte, el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) consideró en un comunicado que el proyecto es técnica, jurídica y financieramente inviable y pidió someterlo a "un referéndum para que el pueblo" decida su ejecución.
AFP.