Opiniones divididas en regiones por restricción al porte de armas | El Nuevo Siglo
Lunes, 9 de Enero de 2012

 

Siguen las reacciones a favor y en contra de la iniciativa del alcalde Gustavo Petro de prohibir el porte de armas durante las 24 horas del día en Bogotá, a pesar de que es claro que por el momento no pasa de ser una propuesta y que para materializarla es necesario hacer aprobar un proyecto de ley que le entregue esta facultad a los alcaldes o por lo menos los haga partícipes en este tipo de decisiones, que hoy es de la órbita exclusiva de las Fuerzas Militares.

Si bien esta discusión se dará en el Congreso en el segundo semestre del año pues el Gobierno nacional y algunos senadores anunciaron que presentarán sendos proyectos para restringir el porte de armas, los nuevos mandatarios que se posesionaron el pasado 1º de enero desde ya vienen fijando su posición al respecto.

Es el caso de la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, quien dijo que queda “descartada esta medida que es promovida a nivel nacional, pues esta restricción afectaría a las personas de bien y no a los delincuentes”.

En tanto el nuevo alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, manifestó que comparte la idea. “Soy de los partidarios de que las Fuerzas Armadas sean las únicas autorizadas para portar armas. En este sentido, restringir el porte de manera permanente me parece una medida saludable”.

En cuanto a los proyectos que se ha anunciado serán radicados en el Congreso para restringir el porte de armas, la iniciativa de los tres senadores disidentes del Polo Democrático y muy cercanos a Petro (Luis Carlos Avellaneda, Jorge Guevara y Camilo Romero) propone que los alcaldes tengan la facultad de prohibir el porte de armas, sin que para ello tengan la necesidad de pedir permiso a las Fuerza Militares.

En tanto que la iniciativa gubernamental plantearía que los consejos de seguridad de las ciudades capitales y de los departamentos participen en la decisión de restringir el porte de armas, ya que ellos están conformados por alcaldes, gobernadores y, además, por la Fuerza Pública.