Una vez más el asesinato de un menor de edad tiene conmocionado al país. En esta ocasión se trata de Jerónimo, un niño de escasos tres años que desapareció en extrañas circunstancias de su casa en Fusagasugá (Cundinamarca) y tras una intensa labor de búsqueda por parte de las autoridades, finalmente su cuerpo fue encontrado en las afueras del municipio.

Afortunadamente el material probatorio que logró recaudar el personal de la Policía, la Fiscalía y otros organismos de investigación no solo permitió librar orden de captura contra el presunto responsable del homicidio, que sería el padrastro del menor, sino que, además, se tienen imágenes, testimonios y conceptos forenses suficientes para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habría producido el homicidio.

Es el segundo caso que se presenta en las últimas semanas, luego de lo ocurrido con la muerte del menor Dilan Santiago en la localidad de Usme, en el sur de la capital del país. En este proceso ya la Fiscalía viene avanzando de manera acelerada en torno a la identificación del presunto autor del asesinato y sería inminente una medida de aseguramiento en su contra.

Cada vez que se presentan hechos tan lamentables como estos dos asesinatos de niños se insiste en la urgencia de fortalecer los mecanismos de alerta temprana y los sistemas de prevención que permitan detectar a tiempo aquellas situaciones en donde niños, niñas y adolescentes estén en peligro, de forma tal que se pueda intervenir precautelativamente para salvaguardarlos e iniciar un proceso de restitución de sus derechos prevalentes.

Una sociedad en donde se produzcan este tipo de asesinatos es claro que atraviesa un proceso grave de descomposición social. Y ello obliga a un análisis objetivo desde todas las instancias, públicas y privadas, con el fin de determinar en qué está fallando la política de protección a la infancia y la adolescencia.

Está visto, lamentablemente, que el aumento de penas y la restricción de los beneficios penales y penitenciarios a esta clase delincuentes no ha tenido el efecto disuasivo esperado para disminuir de forma sustancial tan graves atropellos a la vida de los más indefensos.

Es necesario pasar de la indignación a la acción. Las falencias en el sistema de protección a menores de edad ya están sobrediagnosticadas y, por lo mismo, no se puede esperar a que se produzca la próxima tragedia para volver a poner sobre la mesa que se requieren reformas y una reingeniería de los sistemas de alerta temprana.