Los proveedores del servicio de telefonía móvil en el país (Tigo, Movistar y Comcel) tendrán quince días hábiles para modificar los contratos hechos con los usuarios, según lo ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio.
 

Los cambios deberán hacerse sobre los actuales contratos de prestación de servicios, ya que éstos contienen cláusulas que prohíbe el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones.