Luego de encontrar varias irregularidades e incumplimientos por parte la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, al contratista no se le han podido aplicar sanciones pues este ha dilatado las medidas por medio de una ola tutelas, explicó ayer el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Dentro del escándalo del carrusel de la contratación, al Fondo Financiero Distrital de Salud le correspondió asignar 67.000 millones de pesos para montar un servicio de 70 ambulancias. La Unión, que se ganó la licitación, está integrada por Transporte Ambulatorio Médico (30 por ciento), con alguna experiencia en operación de ambulancias, y dos empresas de construcción (Suárez y Silva, 50 por ciento, y J. A. Asociados, 20 por ciento).

Según le declaró Emilio Tapia a la Fiscalía, la Unión le habría entregado una comisión del 9 por ciento para obtener el contrato.

Según un informe de la Contraloría de Bogotá, las constructoras poseedoras del 70 por ciento de la Unión serían de Sahagún, Córdoba, población de origen del mismo Tapia.

El secretario Jaramillo explicó que el contrato terminaría en enero.

Fallas en el servicio, reportes de recorridos de ambulancias que no existen, medicamentos vencidos, personal no idóneo entre otras irregularidades como anticipos por más de 8.000 millones de pesos para que el consorcio adquiriera los vehículos antes de comenzar a operar, son temas que hoy las autoridades han detectado y continua bajo investigación.