Un enérgico llamado al Gobierno hizo ayer la Misión de Naciones Unidas en Colombia, para que de forma urgente dé solución a la situación los integrantes de las Farc que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 de 2016 y de los decretos expedidos por el Gobierno para agilizar este proceso.

"Ante el impasse de la excarcelación de los presos de las Farc, es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz", indicó el organismo en un comunicado.

La misión de Naciones Unidas, a cargo de verificar la reincorporación a la vida civil de los integrantes de esta organización, pidió solución a la "situación" de los guerrilleros presos seis meses después de la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía y de decretos expedidos por el gobierno para agilizar este proceso.

Agregó la Misión que “la detención de los miembros de las Farc en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz".

La Misión de Naciones Unidas en Colombia también señaló que “a ello se suma la inseguridad de miembros de las Farc-EP fuera de las Zonas Veredales, ilustrada por los casos de amenazas y homicidios contra ellos y sus familiares”.

El acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, tras cuatro años de negociaciones en Cuba, establece amnistías e indultos para sus integrantes acusados de delitos políticos o conexos.

Mientras que los miembros de las Farc señalados de crímenes graves deberán someterse a una jurisdicción especial también creada en el pacto.

Cifras del Gobierno

El pasado lunes el presidente Santos firmó el decreto por el cual se concede amnistía por vía administrativa a 3.252 guerrilleros relacionados con delitos políticos y conexos, que se encuentran en las zonas veredales.

La firma de este decreto se dio 13 días después de completada la entrega de las armas individuales de los miembros de las Farc, hecho que fue verificado por la Misión de las Naciones Unidas.

El ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que “con la firma de este decreto en total 7.400 miembros de las Farc han resuelto su situación jurídica, de los cuales 6.005 han sido amnistiados por decreto y 1.400 por la vía judicial”.

El decreto señalado es el tercero de aplicación de la amnistía de iure (exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada).

A la fecha hay unos 1.700 guerrilleros presos, cuyas amnistías deben ser otorgadas por jueces, según el Ministro de Justicia.

El pasado lunes, el Primer Mandatario señaló que “lo que falta con respecto a las amnistías otorgadas por los jueces, estamos trabajando con los abogados de las Farc, con el Consejo Superior de la Judicatura, en agilizar y buscar todos los mecanismos, porque el propósito del Gobierno es cumplir como lo ha venido como lo ha venido haciendo”.

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