La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo motivo  de preocupación, señaló ayer Naciones Unidas en el Informe del 2016 del Alto Comisionado sobre Colombia. Indicó que en este periodo se produjeron 389 ataques, 59 de los cuales terminaron en homicidios. El organismo indicó que la mayoría de esta violencia ha sido desarrollada en zonas rurales  por el Eln, Epl y  grupos que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares.

El informe completo se puede leer aquí: http://bit.ly/2nJPlto

En el informe que presentó el organismo el año anterior, indicó que en 2015 fueron asesinados 63 defensores de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre la situación en Colombia indicó que hasta el 31 de diciembre observó 389 ataques: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.

Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles. Aunque hubo más agresiones y asesinatos de sindicalistas y de integrantes de movimientos sociales y políticos, estas estadísticas únicamente incluyen agresiones contra líderes.

Explicó que los departamentos con mayor número de asesinatos verificados de defensores y defensoras de derechos humanos fueron Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4). Los departamentos más afectados por todo tipo de agresiones fueron Antioquia, Bogotá, Cauca, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La Oficina dijo también que en 44 (74,5%) de los asesinatos verificados, los perpetradores  estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales; cuatro vinculados al Eln; uno al Epl; dos a milicianos de las Farc; uno a disidentes de las Farc; seis a particulares; y uno a la Policía nacional durante una protesta social.

Naciones Unidas llama la atención porque 25 de los 59 homicidios de  defensores de derechos humanos que se registraron en 2016, ocurrieron en zonas con presencia histórica de las Farc.

Naciones Unidas indica en el informe que “es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas (60%). Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las Farc; la escasa o débil presencia del Estado; la percepción de los actores criminales que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses; la persistente estigmatización de los defensores de derechos humanos; el uso de la violencia para resolver disputas en las comunidades; la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales; y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales”.

El representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, responsabilizó a grupos que surgieron tras la desmovilización paramilitar de la violencia contra defensores de derechos humanos. “El Clan del Golfo está matando muy fuertemente en Chocó y en Antioquia, hay otros grupos que asesinan en Tumaco que también tienen influencia de estos grupos posdesmovilización”, dijo.

Añadió que producto del acuerdo de paz en el Clan del Golfo “tenían claro su objetivo, ocupar los espacios que dejaron las Farc”.

La Oficina reiteró su preocupación “sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de derechos humanos”. Al tiempo valoró las diferentes iniciativas de la Fiscalía en los últimos años en esta materia.

También reconoce los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección por responder a las numerosas y variadas necesidades de protección en  el territorio. “No obstante, y a pesar de la gran cantidad de medidas blandas de protección otorgadas en las áreas rurales, aún no ha evaluado la idoneidad y efectividad de las medidas de protección para defensores de derechos humanos en zona  rural”.

Una de las 15 recomendaciones que hace Naciones Unidas a Colombia en el informe sobre derechos humanos, tiene que ver con su preocupación por el recrudecimiento de la violencia contra los defensores.

Al respecto indica que “la acción preventiva por entidades civiles en relación con los ataques  contra los defensores de derechos humanos, es aún un desafío importante. La Oficina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan los mecanismos de prevención desarrollados por el Gobierno, incluyendo las Mesas Territoriales de Prevención de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos con el Ministerio del Interior, y la Sub-Comisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que recibe casos de presuntos ataques y los verifica in situ”.

No hay sistemicidad: Villegas

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistió tras conocerse el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia, que no hay sistemicidad en los crímenes de estos líderes, además destacó la respuesta que según él ha dado la justicia contra este flagelo.

“Vuelvo a decir, esto no será lo más simpático, pero es la verdad. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad (muertes) de eventos contra posibles líderes sociales sistematicidad alguna”, afirmó Villegas.

Agregó que “es en esta ocasión donde mayores resultados puede demostrar la acción de la justicia en coordinación con nuestras fuerzas, especialmente la Policía. Tenemos 56 capturados. 50 imputaciones, y de las 11 personas cuyas órdenes de captura estaban pendientes el pasado viernes, ya no quedan sino 4 por ejecutarse”.

El Ministro de Defensa dijo que en algunos de estos crímenes hay evidencia que compromete al Eln, pues estas personas “se habían opuesto a mantener los cultivos ilícitos en el Cauca, o que se habían opuesto a la minería ilegal”.

Actividades económicas ilegales

La Oficina observó la relación entre violencia y las zonas de cultivo de coca, marihuana y amapola, narcotráfico y actividades de minería ilegal, por ejemplo, en la costa Pacífica y en el bajo Cauca y Catatumbo. 

Sobre el particular señala que “Los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el  crimen local, las disidencias de las Farc-EP, así como  los grupos armados organizados del Eln y el Ejército de Liberación Popular (Epl), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La  violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”.

Desplazamiento 

Naciones Unidas indicó también en el informe que a pesar del proceso de paz el desplazamiento forzado continúa, pues reportó que en 2016 se produjeron 47 emergencias en razón de nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y restricciones de movilidad. 

Estas situaciones se concentraron en zonas de difícil acceso en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca y afectaron primordialmente los pueblos indígenas wounnan, emberá y emberá dovida, y comunidades afrocolombianas y campesinas. Aproximadamente 13.864 personas fueron afectadas por el desplazamiento masivo. Un alto porcentaje de estos casos estuvo relacionado con emergencias recurrentes en las cuales los esfuerzos institucionales no lograron mitigar las causas de las hostilidades o la violencia.