La masacre de diez campesinos ocurrida este jueves en una finca del noroeste de Colombia fue condenada por organismos defensores de los derechos humanos, que exigieron esclarecer las responsabilidades en un caso que se atribuye a bandas criminales de exparamilitares.

Los diez campesinos fallecidos, más otro que resultó herido, fueron atacados con una granada por un grupo de entre tres y cuatro hombres la madrugada del jueves en una zona rural del municipio colombiano de Santa Rosa de Osos, en el departamento (provincia) de Antioquia (noroeste), informaron autoridades civiles.

"Lo que sabemos es que el autor fue una banda criminal al servicio del narcotráfico, que utiliza la extorsión y el microtráfico como parte de su criminalidad", dijo a la prensa el gobernador Sergio Fajardo.

"Los hombres remataron a las víctimas con ráfagas de fusil", agregó Fajardo, quien señaló que en el grupo de víctimas figura una mujer.

El gobernador indicó que se tiene conocimiento que las bandas criminales 'Los Urabeños' y 'Los Rastrojos' extorsionan a los dueños de las fincas y a los agricultores, y al parecer el ataque ocurrió porque el propietario de la hacienda no atendió esos requerimientos.

Las bandas criminales son grupos al servicio del narcotráfico, integrados en su mayoría por miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha) que no se sumaron a la desmovilización llevada a cabo entre 2003 y 2006 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó la masacre, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e instó al Estado colombiano a proteger y garantizar los derechos humanos.

"Asesinar campesinos para enviar un mensaje a otras personas reviste un grave peligro para los derechos humanos y para el futuro del país", dijo Todd Howland, representante de la ONU en Colombia.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, también repudió el "atentando contra la vida e integridad de los colombianos" y dijo que el gobierno espera "que todas las autoridades muestren resultados en esta investigación cuanto antes".

El comandante de la Policía en Antioquia, general José Guzmán, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 27.000 dólares) para quien dé información que permita la captura de los responsables del hecho.

El defensor del Pueblo (ombudsman) de Colombia, Jorge Armando Otálora, pidió celeridad para el esclarecimiento de la masacre y advirtió sobre un eventual desplazamiento forzado de los habitantes de esta localidad.

"Es necesario que las autoridades competentes en materia judicial y la Fuerza Pública en su conjunto, avancen con prontitud en el esclarecimiento de la masacre", dijo Otálora.

En tanto, el alcalde de Santa Rosa, Francisco Palacios, señaló que desde hace algún tiempo en consejos de seguridad había manifestado su preocupación "por las constantes amenazas" de las bandas criminales que "disputan un corredor de movilidad" hacia el Urabá, una estratégica región para la salida de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.