La actividad en Colombia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, presente desde 1997 en el país, es clave en medio del conflicto armado y seguirá siendo importante en un eventual posconflicto, según expertos.

Esta semana, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, firmaron la renovación del mandato de esta oficina en Colombia hasta octubre de 2014.

Sin embargo, un comentario de Santos justo cuando Pillay comenzaba su visita a Colombia hizo que la renovación se diera en medio de la polémica y la preocupación de organizaciones de derechos humanos.

Santos dijo que Colombia ha avanzado "lo suficiente" en materia de derechos humanos, por lo que ya no sería necesaria la presencia de la oficina de Pillay.

Finalmente, el gobierno renovó el mandato de la alta comisionada pero sólo por un año, cuando hace pocos meses había ofrecido hacerlo por tres, aduciendo que Santos culmina su periodo en agosto de 2014.

Para el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, el papel de la alta comisionada en el país es clave en medio del conflicto armado que vive Colombia desde hace medio siglo, el más prolongado de América Latina.

"La oficina es necesaria porque existe una grave crisis de derechos humanos, que se sintetiza en un alto nivel de violencia sociopolítica y una crisis de impunidad y de inequidad", dijo a la AFP Gallón, experto en derechos humanos.

"En vez de salir de la oficina hay que robustecerla y hacer seguimiento a sus recomendaciones, porque (...) la situación de crisis continúa porque las recomendaciones internacionales no se han aplicado", explicó.

Incluso el vicepresidente Angelino Garzón, que participó el viernes junto a Pillay de un homenaje a las víctimas del conflicto, dijo que si Santos gana un segundo periodo él sería el primero en pedirle que extienda nuevamente el mandato de la ONU.

"La oficina nos puede ayudar mucho en cuatro temas: la paz, el diálogo social, los derechos sociales y la inequidad", dijo Garzón, asegurando que muchos de los logros en derechos humanos de Colombia se deben a la colaboración de Naciones Unidas.

Al respecto, el ex defensor del pueblo Vólmar Pérez dijo a AFP que la "función de asesoría técnica a las instituciones del Estado que ha cumplido oficina de la alta comisionada ha sido realmente útil".

Pillay reconoció los "pasos enormes" que ha dado el gobierno en cuanto a la creación de instituciones para proteger los derechos humanos.

Sin embargo, destacó que su foco actual está en la implementación de los planes oficiales para restituir los derechos de las víctimas del conflicto y evitar futuras violaciones de derechos humanos, en vista de que las comunidades aún no sienten los beneficios de las políticas gubernamentales.

El gobierno de Santos promulgó hace dos años una ley para reparación a las víctimas del conflicto y restitución de tierras a campesinos desplazados por la violencia, pero su aplicación avanza lentamente.

"Colombia afronta un conflicto armado que es fuente generadora de violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En la medida en que persista la dinámica de confrontación, habrá violaciones y la presencia de la oficina seguirá siendo útil", aseguró Vólmar Pérez.

El conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y agentes del Estado, ha dejado más de 600.000 muertos y 4 millones de desplazados.

El gobierno colombiano adelanta desde noviembre de 2012 conversaciones de paz con la mayor guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), en busca de acabar con el conflicto.

Ante la eventualidad de un posconflicto, Gallón asegura que seguirá siendo necesaria la presencia en Colombia de la oficina de Pillay, pues "van a ser muchos los problemas de derechos humanos que van a surgir y que habrá que atender con diligencia".

Para Gallón, la idea de Santos de finalizar prontamente el mandato de esta oficina de Naciones Unidas no es viable.

"Al gobierno no le gusta la supervisión internacional en derechos humanos y además quiere ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde países con problemas de derechos humanos no entran. Por eso, quieren armar la foto de no tener problemas", dijo Gallón.

La OCDE es un foro mundial de política económica, que proporciona consejos a sus países miembros en pos de un mejor desarrollo. En mayo, Colombia fue invitada a unirse a este grupo, del que solo México y Chile forman parte en América Latina.