Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Colombia manifestaron el miércoles su "profunda preocupación" por el planteamiento del gobierno sobre el posible cierre de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH en el país.
"Hacemos pública nuestra profunda preocupación por las sorprendentes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre 'si realmente vale la pena' mantener la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", expresó en un comunicado una coalición de organizaciones especializadas.
"Órganos de la ONU han corroborado en los últimos años que la situación de derechos humanos sigue siendo grave en el país. Esto significa que (...) la presencia de esta (oficina) todavía se justifica", destacaron las ONG.
Asimismo, pidieron que se renovara el mandato de esta instancia de las Naciones Unidas "por todo el tiempo que sea necesario".
El martes, Santos dijo que Colombia ha avanzado "lo suficiente" en el respeto de los derechos humanos, por lo que ya podría cesar la presencia de la oficina de la ONU que se encarga de este tema en el país.
El mandatario colombiano hizo este comentario dos días antes del encuentro que tiene pautado para este jueves con la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay.
Pillay comenzó el martes una visita a Colombia durante la cual se reunirá también con grupos de defensa de los derechos humanos.
La oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos se estableció en Colombia en 1997 y su mandato ha sido renovado en varias ocasiones. El actual vence el próximo 31 de octubre.
Su misión es observar, asesorar e informar sobre el respeto de los derechos humanos en el país y cada año publica un informe sobre Colombia.
Colombia sufre desde hace casi medio siglo un conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y agentes del Estado, con saldo de más de 600.000 muertos y 4 millones de desplazados por la violencia.
Según las ONG, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU "ha sido clave al advertir sobre iniciativas legislativas regresivas o denunciar situaciones de abierta violación de derechos, como las agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares".
AFP.