La ONG animalista AnimaNaturalis Internacional denunció hoy que la alcaldía de Medellín no está aplicando dos sentencias de la Corte Constitucional tendientes a eliminar “conductas especialmente crueles” para la realización de corridas de toros y eventos similares.
Según Juan Guillermo Páramo, responsable de relaciones públicas de la organización en Colombia, “el Alcalde Aníbal Gaviria no ha hecho ningún pronunciamiento con relación al cumplimiento que le corresponde exigir a Cormacarena de las dos Sentencias de la Corte Constitucional que regulan las corridas de toros. Este año la temporada se ha empezado a desarrollar en medio de un vicio legal que no dejaremos pasar inadvertido”.
Según Páramo, las dos sentencias que deberían ser aplicadas a las corridas de toros y otros espectáculos como las corralejas, novilladas y peleas de gallos, son la C-666 de 2010 que establece cinco condiciones para la realización de estos espectáculos, especialmente la eliminación de las conductas “especialmente crueles” con los animales; y la C-889 de 2012 que ratifica la autonomía de los autoridades territoriales para suspender o no autorizar un espectáculo de ésta índole cuando la empresa taurina no cumpla con dichas condiciones.
A juicio de Andrea Padilla, vocera de la organización en Colombia, “lo que está sucediendo en Medellín no es distinto a lo que está sucediendo en otras ciudades, como Cali y Manizales, donde empresarios taurinos y alcaldes se están pasando por la faja las disposiciones de la Corte”.
La denuncia de AnimaNaturalis en Medellín se basa en el silencio de la Alcaldía, tras haber emitido una respuesta a la organización el 17 de diciembre de 2012 en la que afirmaba que tan pronto se conociera el texto de la Sentencia C-889 de 2012, éste sería concordado con la Sentencia C-666 de 2010 y la Alcaldía procedería a dar aplicación, “garantizando la dignidad de los animales como seres sintientes”, es decir, obligando a Cormacarena a eliminar la muerte del toro. El texto de dicha Sentencia se conoció el 19 de diciembre de 2012 y aún no se conoce la anunciada respuesta de la Alcaldía.
Según Páramo, “éste silencio del Alcalde de Medellín se hace cómplice de una barbarie que debería desaparecer pero que, de momento, tendría que adecuarse obligatoriamente a las disposiciones del Alto Tribunal. Es deber del Alcalde hacerlas cumplir y deber de la sociedad estar vigilante”.