Por haber ordenado escuchas ilegales, el juez español Baltasar Garzón, de 56 años, juzgado en España por haber investigado los crímenes del franquismo, fue condenado a 11 años de inhabilitación profesional.

Poniendo fin a la carrera del magistrado, el Tribunal Supremo español lo declaró culpable de vulnerar el derecho a la defensa por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que ahora gobierna España.