Con tres acciones jurídicas, Telefónica buscará salvar a Movistar Colombia del laudo que le obliga a pagar una cantidad que supera los 462 millones de euros, por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en el país, en los términos de una concesión otorgada hace 23 años.

La operadora española solicitó en primer lugar aclaraciones al tribunal de arbitraje que emitió el laudo para saber si tiene que acometer realmente esa indemnización; el Tribunal tiene hasta el 16 de agosto para responder.

Si la respuesta no satisface, recurrirá el laudo ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, antes de acudir al arbitraje internacional del Ciadi, el organismo del Banco Mundial, reveló el diario madrileño El País.

La indemnización que, en la práctica es una sanción, impuesta por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, supondrá un hándicap muy serio para la rentabilidad de la filial de Telefónica en el país dado su “desorbitado” importe.

Otras rutas de acuerdo

Telefónica confía en la vía de diálogo que ha abierto “a todos los niveles” para evitar llevar el pleito a los tribunales, a diferencia de Claro, que ha recurrido directamente al laudo ante el Ciadi, con sede en Washington.

La operadora española argumenta que el laudo no justifica con detalle los activos sobre los que basa su decisión. Considera que se deben revertir todos los bienes de las compañías demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz, pero para evitar la disrupción de las operaciones, sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo, en un periodo de semanas.

En caso de que la resolución no satisfaga los intereses de la compañía española, esta acudirá al Consejo de Estado para que declare nulo a todos los efectos el laudo arbitral. A diferencia de España, esta institución no es solo un organismo consultivo sino una especie de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

Y, por último, si ese recurso no prospera, Telefónica acudiría al Ciadi. Uno de los argumentos que emplearían en ese recurso es que el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados.

El importe que se demanda a ambas compañías supone alrededor de un tercio de los ingresos conjuntos de las dos operadoras en 2016, y más de toda la inversión realizada en el último año por todas las operadoras de telecomunicaciones que están presentes en el país.

Si se llegase a ese punto Telefónica argumentaría que el laudo viola el acuerdo bilateral España Colombia de protección a inversiones.

Claro Colombia directo al Ciadi.

Y es que, como han denunciado diversos medios de comunicación, paradójicamente los ingresos millonarios por este conflicto pueden resultar fatales para el gobierno de Juan Manuel Santos, porque ponen en peligro las necesarias inversiones que aseguren el progreso digital del país. Las filiales de Claro y Movistar se pueden replantear acudir a la subasta de frecuencias móviles para la telefonía 4G, en la banda de 700 megahercios (Mhz), previstas para 2019.

Telefónica también puede dar marcha atrás en la recapitalización de su filial colombiana por importe de unos 300 millones de euros, que se encuentra ahora en situación de causa de disolución por la deuda contraída por el pago de las pensiones con 16 mil ex trabajadores de ColTel, lo que pondría en problemas al Estado colombiano, que tiene el 32,5% del capital de la operadora, a través del Ministerio de Hacienda.

Esta es una curiosa situación en el litigio que el Gobierno de Colombia actúa como demandante a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y como demandado a través del de Hacienda.