La Comisión Europea presentó una serie de medidas para limitar el recurso de las multinacionales a los paraísos fiscales, una reforma elaborada antes de que estallara el caso de los "Panama Papers".

Este proyecto, presentado por el comisario europeo de Asuntos Financieros, Jonathan Hill, en Estrasburgo (este de Francia) al margen de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, quiere que las grandes compañías que operan en Europa informen sobre sus ganancias en cada uno de los 28 miembros del bloque.

El proyecto de informar sobre las operaciones país por país responde al reclamo de las organizaciones no gubernamentales que acusan a las multinacionales de declarar sus beneficios en las jurisdicciones con una fiscalidad más favorable.

"Los 'Panama Papers' no modificaron nuestro calendario pero reforzaron nuestra determinación para hacer que se paguen los impuestos allí en donde se generan las ganancias", dijo Hill en conferencia de prensa.

Las nuevas medidas de la Comisión obligarían a las grandes compañías a publicar sus datos contables y fiscales, su volumen de negocios, sus beneficios así como la carga impositiva y los impuestos que pagan en los 28 países de la UE.

La "elusión del impuesto de sociedad en Europa" genera, según la Comisión, "una pérdida de ingresos comprendida entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año".

El plan de la UE sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bautizadas BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, término en inglés para la optimización fiscal), acordadas el año pasado por los líderes del G20, señaló la Comisión.

Se aplicará a las compañías que superen operaciones de 750 millones de euros anuales a nivel mundial y con actividades en la UE.

Según fuentes comunitarias el plan alcanzaría a unas 6.000 empresas, de las cuales unas mil son de Asia.

Las compañías estarían obligadas a publicar las informaciones requeridas por sus actividades en la UE en una página web. Por sus actividades a nivel mundial estarían obligadas a publicar los montos globales, salvo si las actividades emanan de un país inscrito en la lista de paraísos fiscales (en este caso deberá desagregar las informaciones).

Pero para ello la UE necesita tener una lista común de países considerados como paraísos fiscales. De momento cada país tiene la suya. El comisario europeo para temas de Fiscalidad, Pierre Moscovici, intenta elaborar una a nivel europeo.

- 'Incertidumbre para los negocios' -

Para Tove Maria Ryding, especialista en fiscalidad del European Network on Debt and Development, la iniciativa no va lo suficientemente lejos porque se limita a los 28 países de la UE.

"Mientras la propuesta no cubra a todos los países, las multinacionales continuarán teniendo muchas oportunidades para esconder sus ganancias", dijo a la AFP.

"Por lo tanto en vez de resolver el problema, esta propuesta desplazará el problema de un país a otro, dejando a las multinacionales la posibilidad de sustraerse al impuesto", agregó.

En tanto, para la organización patronal europea, Business Europe, la propuesta de la Comisión creará "incertidumbre para los negocios".

"Estas propuestas, que dejan a la UE sola en términos de divulgación pública, amenazan con socavar nuestra atractividad como una región para hacer inversiones, en particular desde el exterior", señaló Markus J. Beyrer, director general de Business Europe.

La Comisión Europea ya puso en marcha diferentes medidas contra la optimización fiscal de las multinacionales. El 28 de enero presentó dos directivas (leyes) que retoman las recomendaciones BEPS de la OCDE, en respuesta a las revelaciones conocidas como "LuxLeaks" de 2014 sobre las decisiones fiscales anticipadas ('tax ruling' en inglés).

El caso "LuxLeaks" reveló el mecanismo legal con el cual las grandes compañías sellaban un acuerdo con Luxemburgo y acordaban el gravamen a pagar por sus operaciones si declaraban sus beneficios en esa jurisdicción.

El caso reveló asimismo que la mayoría de los países de la UE pactaban acuerdos de este tipo con las multinacionales.

La Comisión Europea lanzó entonces investigaciones por lo que considera ayudas estatales ilegales otorgadas a las multinacionales.

Inició causas contra Luxemburgo, por los acuerdos con Fiat y Amazon, o contra Irlanda por un acuerdo con Apple. De momento condenó a Holanda por un acuerdo con Starbucks.

Una de las directivas prevé el intercambio automático de información entre las administraciones fiscales de los diferentes países sobre los acuerdos sellados con las multinacionales. La otra prevé gravar los beneficios en los países en que son generados.