La discusión sobre la política antidroga debe girar sobre cuatro ejes: seguridad, alternativas a la encarcelación a los infractores de drogas, la aplicación del enfoque de salud pública, y la cooperación judicial regional para afrontar la economía del narcotráfico.

Así lo consideró el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al participar en el 54º Período Ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, que concluyó ayer en Bogotá.

Insulza recordó que Informe sobre “El problema de Drogas en las Américas” (Informe Analítico e Informe de Escenarios), fue presentado en mayo justo antes del 53º Período Ordinario de sesiones de la CICAD en Washington, y que desde entonces el reporte fue discutido en diversos foros, fue presentado a diversos jefes de Estado y otras altas autoridades de la región, y también a gobiernos europeos y otros foros internacionales.

“Confío en que ese debate nos permita, después de 40 años de hacer lo mismo, introducir las modificaciones en nuestras políticas y acciones que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad de enfrentar el problema”, dijo.

En su análisis sobre las primeras conclusiones del debate, el Secretario General destacó que “existen cuatro temas que concitan el mayor interés entre expertos, tomadores de decisiones y en la sociedad civil”, lo que permite visualizar en qué aspectos concretos debe profundizarse el debate en el futuro inmediato.

Seguridad

El primer foco de atención, dijo Insulza, “es cómo proponer y promover nuevos modelos de seguridad para la región”, y recordó que el Informe plantea que la inseguridad originada por la actividad de las bandas o “carteles” del narcotráfico afecta a los ciudadanos en su integridad física y en su patrimonio y a la sociedad en su conjunto, generando situaciones de corrupción que debilitan a las instituciones civiles y estatales y afectan la gobernabilidad democrática de los países.

¿Cárcel?

Insulza señaló que el segundo centro del debate se refiere a las alternativas a la encarcelación para infractores de drogas y a la revisión de la proporcionalidad de las penas por delitos vinculados con droga, un aspecto que está asociado “a una de las materias que quizá más ha llamado la atención del Informe: nuestra afirmación que la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”. “Planteamos con total claridad que el adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino que tiene derecho a tratamiento médico adecuado. Y aclaramos que las medidas restrictivas de libertad son antagónicas con ese enfoque, y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”, agregó.

El Secretario General señaló que en la región hay 3,6 millones de personas privadas de libertad, de las cuales casi 2 millones lo están por delitos relacionados con drogas, y mencionó especialmente el caso de las cárceles femeninas en América del Sur, donde cerca del 70 por ciento de las detenidas se encuentran allí por casos de microtráfico no violento.

Salud pública

El tercer tema destacado del diálogo abierto que ha producido el Informe trata sobre la aplicación del enfoque de salud pública en las políticas de drogas, y el uso de la evidencia científica en su formulación, seguimiento y evaluación.

Insulza sostuvo que ese punto de partida es imprescindible si se quiere adoptar una política integral ante el problema de las drogas, y que además es fundamental dedicarle más recursos y programas para tener éxito.

Cooperación judicial

El cuarto aspecto que Insulza extrajo como conclusión del debate en marcha en el Hemisferio está vinculado a la economía del narcotráfico y las posibilidades de fortalecer la cooperación judicial regional, tanto en lavado de dinero como en la administración de los bienes decomisados.

En este aspecto, Insulza anunció que el grupo de expertos de la CICAD en lavado de activos presentará mañana una serie de recomendaciones a los Estados Miembros que están enfocadas al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades encargadas del combate a estos delitos.

Insulza manifestó que, esta área, su “mayor aspiración es que este esfuerzo de la CICAD y todas las otras contribuciones que puedan llegar, constituyan la base de un plan de trabajo hemisférico en esta materia”.