LA CRISIS política, económica, social e institucional que sufre Venezuela tomó nuevos y más graves ribetes ayer luego de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiera una "sesión urgente" del Consejo Permanente de esa organización para discutir la situación política e institucional en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana.

 

En un informe de 132 páginas dirigido al presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio dedicada a la "alteración del orden constitucional" en Venezuela y cómo se afecta gravemente "el orden democrático" en ese país.

 

Almagro basó su pedido en el artículo 20 de la Carta Democrática, que otorga al Secretario General la autoridad para convocar reuniones inmediatas para "realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente".

 

De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".

 

Si esas gestiones fracasan, el Consejo Permanente puede convocar, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.

 

Para ello se requiere igualmente una votación de dos tercios de los países.

 

"La crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo", señaló Almagro en su extenso documento, "a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad".

 

Ante ese cuadro, añadió Almagro, la responsabilidad de los países de la región es "asumir el compromiso" de hacer aplicar lo determinado por la Carta Democrática Interamericana "de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas".

Cohabitación y convivencia

Para el secretario general de la OEA, "no existe posibilidad de normalidad democrática en Venezuela sin la necesaria disposición a la cohabitación y convivencia entre Gobierno, partidos políticos, actores sociales y la sociedad venezolana en su más amplia concepción".

 

La normalidad institucional en Venezuela debe ser subsanada "de modo urgente y de forma consistente con los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia representativa", señaló Almagro en su carta.

 

Entre los asuntos prioritarios a resolver, Almagro mencionó la realización del referendo revocatorio del mandato presidencial.

 

"Ningún procedimiento administrativo puede ser obstáculo a la decisión de la gente. Ese revocatorio no pertenece ni al Gobierno ni a la oposición, sino al pueblo de Venezuela. Es deber de todo gobernante responder al mismo", apuntó.

 

El 2 de mayo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó 1,8 millones de rúbricas al Consejo Nacional Electoral (CNE), nueve veces más de las requeridas para solicitar la activación del referendo.

 

La autoridad electoral aún no se ha pronunciado sobre la validez de esa solicitud, pero el oficialismo sostiene que más de 40% de las firmas recogidas por la oposición para activar el referendo son "fraudulentas", incluyendo 10.000 que corresponderían a personas fallecidas.

 

Almagro protagonizó en los últimos meses una áspera polémica con autoridades venezolanas. En su última carta abierta, dirigida al presidente Nicolás Maduro, el secretario general le alertó que se convertirá en un "dictadorzuelo" en caso de que bloquee la realización de ese referendo.

 

Una "muy buena idea"

Almagro también definió como "una muy buena idea" la participación de expresidentes de países de la región, como lo expresó recientemente el titular de la Unasur, el exmandatario colombiano Ernesto Samper.

 

Samper dijo que en la próxima semana habrá una "nueva reunión" de mediación entre el gobierno y la oposición venezolana, y no descartó que esa conversación sea directamente entre las partes.

 

"El primer encuentro fue de diálogos alternativos entre los tres facilitadores con el gobierno y la oposición. Esperamos que ya la semana entrante pueda haber una reunión entre ellos", agregó Samper quien adelantó que aún no se decidió el lugar de ese nuevo diálogo ni su formato.

 

Los tres mediadores fueron el español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos.

 

Cautela en oposición

Entre tanto, la oposición venezolana expresó ayer cautelosa satisfacción ante la decisión del secretario general de la OEA de invocar la Carta Democrática por la situación de Venezuela, y advirtió que el organismo no puede "hacer la vista gorda" ante la crisis que vive el país.

 

"Nosotros no vamos a forzar a nadie, entendemos lo complicado que son los mecanismos diplomáticos y estamos conscientes que en un organismo como la OEA la representación es de los distintos gobiernos, que suelen proceder muy cautelosamente", afirmó en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, en representación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

 

No obstante, añadió que "tampoco la comunidad internacional, incluso la OEA, puede voltear la cara, cerrar los ojos ante la grave crisis humanitaria que estamos atravesando, no sólo de medicinas y alimentos, sino también por violaciones a los derechos humanos y la inexistencia de la democracia".

 

"No se pueden hacer la vista gorda", insistió, "porque una crisis en Venezuela o un estallido, afecta a todo el área" y los países de la región van a verse afectados.

 

El jefe de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- recordó que la MUD hizo "una solicitud formal" para que se les conceda "un derecho de palabra para exponer ante la OEA, ante su Consejo Permanente, cual es la situación venezolana".

 

Ramos Allup dijo asimismo esperar "fervorosamente" que durante la exposición ante la OEA esté "la representación del gobierno del presidente (Nicolás) Maduro, y ojalá se pueda hacer allí un debate civilizado, de altura".

 

Maduro pide “rebelión” contra OEA

La respuesta de Maduro al anuncio de Almagro fue no sólo muy dura, sino en términos bastante destemplados.

El jefe de Estado llamó a una "rebelión nacional" contra la aplicación de la Carta Democrática invocada por Almagro, a quien le dijo que se meta el documento por "donde le quepa".

 

"La Carta Democrática la pueden poner así (...) ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa, a Venezuela se respeta y a Venezuela no se le va a aplicar ninguna carta. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales", afirmó el gobernante.

 

"La derecha internacional dio el golpe de Estado en Brasil y la OEA calló. Silencio. Ahora la OEA amenaza con intervenir el país; secretario general de la OEA: vamos a dar la batalla en la OEA y en las calles de América Latina y el Caribe", aseveró.

 

Al referirse al gobierno de Estados Unidos y a Almagro, el presidente dijo sentirse honrado por los ataques del "imperio decadente y de sus títeres".

 

De otro lado, el presidente de Venezuela anunció que demandará judicialmente a la directiva del Parlamento de mayoría opositora por "usurpación de funciones" y "traición a la patria", luego de que la oposición lograra que la OEA decidiera tratar la crisis venezolana.

 

"Una demanda con recurso de amparo inmediato porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales, traicionando la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República", afirmó Maduro, en un acto ante miles de seguidores.

 

El gobernante socialista dijo querer "un juicio histórico que se transmita a toda la Nación" contra la directiva parlamentaria./AFP

 

¿Qué es, para qué sirve y cómo se aplica la Carta?

 La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo de la OEA en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados miembro.

 

Aprobada por el consenso de los 34 países de la OEA en 2001, la Carta es "principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos", escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una "nueva era" en el sistema interamericano.

 

La Carta define los "elementos esenciales" de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.

 

Pero desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los países.

 

Alteración y ruptura

La Carta prevé varias vías que permiten invocarla.

 

Según el artículo 17, un gobierno de un país miembro puede recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de "riesgo" a la democracia o su ejercicio en el poder.

 

Este caso ocurrió en Ecuador en 2005, cuando el presidente interino Alfredo Palacios solicitó la intervención de la OEA tras el derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez.

 

De otro modo (artículo 18), la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el Secretario General para, con el consentimiento del gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país.

 

A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del período de gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).

 

Pero la Carta también prevé escenarios de "alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático" o de "ruptura del orden democrático" (artículo 19), en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado.

 

El caso más reciente de "ruptura" democrática fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.

 

Papel del Secretario General

Pero en caso de grave "alteración" de la democracia, el artículo 20 faculta al Secretario General o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

 

Esta vía, sin precedentes en los tres lustros de la CDI, es la que solicitó la oposición venezolana al secretario general, Luis Almagro, hace tres semanas y que ayer tuvo respuesta positiva.

 

Ahora, el Consejo Permanente podrá decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas para promover la "normalización de la institucionalidad democrática" en Venezuela.

 

Si esas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres del continente, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.

 

Para ello se requiere igualmente una votación de dos tercios de los países.

 

Según el artículo 19 de la Carta Democrática, una alteración grave de la democracia, "mientras persista, es considerada un "obstáculo insuperable" para la participación del gobierno en los órganos de la OEA./   AFP