Los tres máximos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de varios países del continente, fueron untados y sometidos por los dineros de la firma brasileña, extendiendo la corrupción entre políticos, empresarios y jueces.
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Las investigaciones sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse contratos en América Latina, un escándalo que ha sacudido a los círculos del poder y la política en casi todos los países de la región, no cesan.
Odebrecht es un gigante brasileño con tentáculos en 26 países, donde provee energía y agua, construye carreteras, aeropuertos y estadios y hasta fabrica submarinos. Pero fue la exportación de su modelo de corrupción lo que popularizó su nombre.
Su exCEO Marcelo Odebrecht, de 49 años, detenido hace dos años y medio, ahora se sonríe al pasar de tener prisión domiciliaria en una mansión de US$10 millones. Así cumplirá el resto de los 10 años de su condena, pero con los bolsillos llenos.
Empresa familiar
Además de ser una empresa de construcción, Odebrecht S.A. también es un conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica.
Creada en 1944 en el estado de Bahía como una constructora civil, Odebrecht S.A. es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública. Su último balance público mostraba una facturación de 39.111 millones de dólares y un plantel de 128.426 empleados.
La mayoría de las acusaciones sobre corrupción están ligadas a su unidad de construcción, responsable por el 43,7% de sus ingresos. Su portafolio incluye obras en el Parque Olímpico de Rio; en el estadio Maracaná; en el puerto de Mariel, en Cuba; viviendas en Panamá; el aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela; el de Nacala, en Mozambique y la carretera Frand Parkway, en Texas, además de vías y puentes en Colombia.
Los investigadores descubrieron que el esquema de sobornos de Odebrecht S.A. en Brasil había sido replicado en otros países de Latinoamérica, como Colombia, México, Ecuador, Venezuela y Perú.
Brasil
El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está con la soga al cuello por su presunta vinculación. La justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en Sao Paulo y si ofreció a su familia un apartamento en una localidad cercana. En el marco de Lava Jato, Lula ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por recibir un lujoso tríplex en un balneario.
Si la segunda instancia judicial confirma la condena, puede ir a prisión y quedar fuera de las presidenciales de 2018.
También el presidente brasileño Michel Temer fue acusado de corrupción, y es el primer presidente en funciones en enfrentar cargos criminales. El Congreso, donde muchos miembros también enfrentan investigaciones de corrupción, votó dos veces en contra de llevarlo a juicio.
En Perú
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se acaba de salvar de perder su cargo debido a que el Congreso no alcanzó los votos para declararlo vacante por corrupción. Luego se conoció que el perdón que luego otorgó a Fujimori, fue la clave. Odebrecht reveló que había pagado 782.207 dólares a una empresa de Kuczynski por asesorías mientras era ministro del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). También pagó más de cuatro millones de dólares a una firma del socio del mandatario.
También el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, con prisión preventiva de 18 meses, fueron acusados de haber recibido dinero de la brasileña Odebrecht, pero con el favor del presidente Kuczynski, pudieron pasar navidad junto a sus tres hijos.
Colombia
También en Colombia, los tentáculos de Odebrecht se extendieron. Un juez ya condenó a cinco años de prisión a un exviceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe por corrupción en contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Es el primer alto funcionario en ser condenado en Colombia por la trama internacional de corrupción de la firma brasileña.
La fiscalía acusó en enero al exviceministro de haber exigido 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht ganara una licitación de un contrato vial adjudicado en diciembre de 2009, a finales del segundo gobierno de Uribe (2002-10).
La firma reconoció ante el gobierno de Estados Unidos haber otorgado 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia, pero según la fiscalía colombiana, las coimas superarían los 27,7 millones de dólares.
Por estos casos, las autoridades investigan a al menos a ocho congresistas y otros funcionarios. La fiscalía de Colombia pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a ocho congresistas y un exministro del Presidente Juan Manuel Santos, presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
"La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas (...) para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", indicó el ente acusador.
En Colombia, la Corte Suprema tiene la competencia de investigar y juzgar a funcionarios con fuero, entre ellos senadores, representantes y exministros.
Los directivos de la firma "lograron el apoyo" de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012, durante el primer mandato de Santos (2010-2014), agregó.
Para ello, contaron con la intermediación del exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenido por este mismo escándalo.
En un principio Bula y Gaviria contactaron a los senadores Mussa Besaile, Bernardo Elías y Armando Benedetti, del Partido de la U, el de Santos, y a Antonio Guerra, de Cambio Radical.
A este grupo de congresistas, conocidos como "Los buldozer", les habrían pagado en total dos millones de dólares, según la fiscalía.
México
El gobierno mexicano inhabilitó por cuatro años para realizar contratos con dependencias gubernamentales a la constructora brasileña, envuelta en una gigantesca trama internacional de corrupción que ha sacudido los círculos de poder en Latinoamérica.
Hasta la fecha, el escándalo de corrupción de Odebrecht solo ha implicado en México al exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, quien habría recibido al menos 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a la empresa en licitaciones de obras públicas, según el testimonio de un exejecutivo de la constructora ante la justicia brasileña.
Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, también es acusado de haber recibido dinero para la campaña del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en la cual se desempeñaba como coordinador internacional.
La fiscalía general mexicana investiga actualmente a Lozoya quien se ha declarado inocente de todos los cargos.
Ecuador
La Corte Constitucional de Ecuador autorizó el juicio político que puede terminar en la destitución del vicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de cárcel por recibir sobornos de la constructora. Sin embargo, el vicepresidente, que entró en prisión preventiva el pasado 2 de octubre, podría perder su cargo automáticamente el próximo 2 de enero, cuando se cumplen los tres meses previstos en la Constitución para declarar su ausencia definitiva.
El caso Odebrecht se destapó en Ecuador en diciembre pasado, luego de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos. El expresidente Correa expulsó a Odebrecht en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. La medida generó la reacción de Brasilia, que llamó a consultas a su embajador entre noviembre de ese año y enero de 2009. Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador.
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