Cada vez es se hace más visible el daño que la "operación estructurada" de sobornos de la multinacional brasileña ha hecho en la sociedad colombiana

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No hay semana en Colombia sin que los escándalos derivados de los millonarios sobornos de Odebrecht terminen con algunos de los presuntos implicados en la cárcel o al borde de ella.

Esta semana por ejemplo, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal de garantías de Bogotá dictó medida privativa de la libertad en la cárcel La Picota, en contra del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo.

El juzgado acogió la argumentación de la delegada del ente acusador, quien le imputó cargos como presunto autor responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

“El señor Melo como presidente de Corficolombiana conoció y fue permisivo con el flujo de los 6.5 millones de dólares que entregó Odebrecht para que ilícitamente funcionarios del Gobierno, entre ellos el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, favoreciera a la multinacional con la adjudicación de la Ruta del Sol II”, sostuvo el juez al justificar su decisión.

Los hechos materia de la investigación se originaron aproximadamente en mayo de 2009, cuando fueron lanzadas varias licitaciones de proyectos emblemáticos para el país, entre ellos el de la construcción de la Ruta del Sol II, para permitir la comunicación por vía terrestre de manera rápida desde el centro del país con la región Caribe.

Finalmente “se procedió a la apertura de los sobres de oferta de los consorcios concurrentes para la adjudicación del Sector II de la Ruta del Sol, resultando vencedor Odebrecht el 15 de octubre de 2009”,  agregó el operador judicial.

La ANI

También esta semana a través de un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, confirmó la “renuncia irrevocable” a su cargo, se desempeñó como presidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación del otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en el contrato de la Ruta del Sol Tramo II a la empresa Odebrecht en 2014.

Para este 25 de agosto estaba programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, en medio del escándalo de sobornos de Odebrecht. Sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo porque la defensa de Andrade solicitó un aplazamiento, por lo que se tuvo que programar nuevamente para el 21 de septiembre para que la Fiscalía pueda imputarle al exfuncionario el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El ente acusador investiga a Andrade por escándalo de sobornos en relación a la firma del otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.

Según la entidad, el exfuncionario tuvo que ver con las irregularidades evidenciadas al momento de la suscripción del otrosí adherido a la Ruta del Sol, y que se conoció como la fase II de la obra.

Entre tanto, el congresista Bernardo Elías Vidal, el "Ñoño" Elías, seguirá privado de su libertad mientras continúa la investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Elías está siendo investigado por la Corte Suprema en relación con el caso de corrupción de Odebrecht, pues al parecer, recibió dineros de la constructora brasileña para presionar desde el Congreso la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra, que se adicionó al contrato de la Ruta del Sol 2.

Segunda condena

De otra parte, el juez octavo penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Eduardo Ghisays, por  el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que fueron aceptados por el empresario. Eduardo junto con su hermano Enrique Assad Ghisays fueron, desde 2010, socios del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, así como los accionistas de la sociedad panameña, Lurion Trading, adonde la multinacional brasileña Odebrecht giró los US$6.5 millones para el exfuncionario.

Según la Corte, el senador Elías "no habría tenido reparos para traicionar la confianza de sus electores y poner al servicio de la multinacional Odebrecht su condición de congresista, sin medir las consecuencias del evidente daño que ello podría generar a la institucionalidad, a la moralidad pública y a la imagen internacional del país". Ordenó su detención con fines de indagatoria el pasado 10 de agosto, día en que el propio director nacional del CTI llegó a la casa del Senador a cumplir la orden de captura. Así fue como el senador Elías quedó vinculado formalmente al expediente.

Por su lado, desde Brasil, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega señaló al presidente Nicolás Maduro de ser el propietario de una empresa que vende productos alimenticios al CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), programa gubernamental que comercializa alimentos regulados entre la población -esos mismos que escasean en las góndolas de los supermercados-.

“Tengo pruebas de todo esto y la entregaré a los gobiernos de diferentes países, incluido Estados Unidos”, aseguró Ortega. Según dijo la exfiscal, la empresa estaría registrada en México, tendría por nombre Group Grand Limited y aseguró que “presumiblemente es el presidente Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido y Alex Saab”.

A estas acusaciones el empresario barranquillero Álex Naím Saab Morán rompió el silencio y aseguró que las mismas son “falsas”. “Absolutamente falso, y por eso voy a denunciarla penalmente”.

Por último los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana pidieron investigar giros que habría hecho Odebrecht tanto a funcionarios de la ANI como a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en la primera y segunda vueltas presidenciales de 2014, así como cuentas pendientes de la campaña electoral en 2015.

Señala la carta que en la sorpresiva solicitud “se pide, con carácter urgente, verificar si al señor Roberto Prieto se le entregaron US$3 millones para la primera vuelta del 2014. Del mismo modo, se solicita indagar si, para la segunda vuelta, se entregaron alrededor de $4.000 millones al señor Esteban Moreno y si posteriormente se saldaron, en 2015, $3.920 millones de deudas pendientes en ocho contados, de $490 millones cada uno, en los meses de marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre”.

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