El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, manifestó en un conversatorio desarrollado en Ecopetrol, que la empresas son un eje fundamental en el desarrollo económico de las zonas para el posconflicto.
Así mismo, se refirió a los avances en la implementación del Acuerdo de Paz desde los territorios y de la mano de las comunidades, donde “el propósito fundamental, es reducir las brechas sociales y mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano”, explicó cómo la transformación de la realidad de las zonas rurales compromete a todos los actores de la sociedad, exaltando el papel del sector privado y cómo este puede aportar al desarrollo.
Expresó que, para cumplir este propósito, el Gobierno Nacional realizó la focalización de 170 municipios afectados por el conflicto donde están en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan impactar la realidad de los habitantes de 11 mil veredas, 450 resguardos indígenas y 200 consejos comunitarios, en el marco de la Reforma Rural Integral.
Así mismo, el alto funcionario expuso los principales instrumentos diseñados para fomentar la participación del sector privado, enfocados en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac) que contemplan 344 municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, donde se impulsará la relocalización de empresas y se pondrá en marcha la estrategia ‘Obras por Impuestos’, que permitirá la ejecución de obras de infraestructura pública en cabeza de actores privados, a cambio de incentivos tributarios.
También exaltó los resultados en materia de desminado humanitario y lucha contra las drogas, elementos fundamentales para generar condiciones que permitan la reactivación económica de los territorios. “Hemos firmado la paz, pero las minas siguen en la tierra”, y agregó que “en Colombia se han intervenido 2.5 millones de metros cuadrados en 166 municipios afectados por este flagelo, con el propósito de cumplir con la meta de un país libre de minas en el año 2021.”
Así mismo, ratificó la meta del Gobierno Nacional de reducir en 100.000 hectáreas los cultivos de coca a través de una estrategia con dos componentes: la erradicación forzada de 50 mil hectáreas y la sustitución voluntaria de las 50.000 restantes. Por medio de la sustitución, se trabaja con las comunidades desde el nivel veredal, donde las familias se comprometen con el tránsito a economías legales y el gobierno realiza acompañamiento, brinda asistencia técnica y recursos para el desarrollo de los proyectos productivos.