En una extensa jornada Gobierno, Cortes, Congreso, Fiscalía, Procuraduría, academia y ONG presentaron sus posturas frente a la demanda del acto legislativo 01 de 2012, llamado Marco Jurídico para la Paz.

Las exposiciones fueron tomadas en cuenta por el alto tribunal como sustento para tomar una decisión en relación a la querella interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas.

Los conceptos se caracterizaron por la profundidad de la argumentación y las posiciones encontradas.

En su intervención, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que “no se trata de sacrificar la justicia para logrará la paz sino en cómo lograr la paz con un máximo de justicia”.

“Ahí está el meollo de la discusión, de justicia entendida en todas dimensiones, responsabilidad en crímenes más graves como conocer la verdad de lo sucedido y cómo reparar a las víctimas y como asegurar que no vuelva a haber víctimas, que son garantías de no repetición. Incluyendo a las víctimas de todos los actores del conflicto, incluso a las del Estado”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado rechazó los cuestionamientos de los sectores que afirman que la Ley genera la impunidad de los crímenes cometidos por los miembros de los grupos armados ilegales.

“Este modelo es todo lo contrario de lo que alegan los opositores, no abre espacios a la impunidad, sino que satisface de manera amplia los derechos a las víctimas de conflicto tan prolongado”, declaró.

El jefe de Estado explicó que el enfoque selectivo de los delitos y sus responsables, incluido en el texto, busca la mayor eficacia en las investigaciones y la reparación de las víctimas.

“No para pretender investigar todos los hechos y a todos los responsables en medio siglo y luego no cumplir, sino como una estrategia realistas que permita satisfacer de mejor manera los derechos de  todas las víctimas”, recalcó.

Acogiendo la recomendación hecha por el Memoria Histórica en su informe sobre 54 años de violencia en Colombia, Santos reconoció la participación de agentes del Estado en la violación de los derechos humanos.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno”, dijo.

El Presidente dijo que no servirán de nada todas las políticas hechas por el Gobierno en beneficio de las víctimas si el conflicto continúa.

Aseguró que si bien la aprobación del Marco Jurídico no es una garantía del éxito del proceso de paz, dijo que asume toda la responsabilidad.

Garantiza la impunidad: procurador

El procurador Alejandro Ordóñez reiteró los argumentos expuestos en su concepto de mayo pasado en los que advierte los vacios de este frente al juzgamiento de los desmovilizados y en relación a las víctimas.

“El Marco Jurídico para la Paz garantiza la impunidad. Desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación violando los estándares internacionales”, comenzó diciendo el procurador.

Posteriormente, cuestionó el enfoque de selección de los responsables de los delitos, diciendo que esto excluye muchos otros casos que no han sido cometidos bajo esto criterios.

“¿Por qué garantiza la impunidad? Porque al seleccionar los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidios sistemáticamente y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, se genera impunidad por lo que hay un sin número de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que no necesariamente son cometidos bajo las circunstancias de sistematicidad”, expresó.

No sustituye la Constitución: fiscal

En su exposición, el fiscal Eduardo Montealegre rechazó que la selectividad y la priorización de los casos que vayan a ser tratados por el acto legislativo, sustituya la Constitución, aunque reconoció que sí limita en parte la obligación de investigar.

“La selectividad y el criterio de centrar la responsabilidad en los máximos responsables no está reemplazando ni modificando ningún eje de la Constitución colombiana, por el contrario lo que se está haciendo en limitar un eje fundamental de la Constitución como es el deber de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos con base en criterios de razonabilidad”, recalcó.

Otras intervenciones

Demandante

Gustavo Gallón, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, demandante de la Ley, reafirmó los argumentos según los cuales  el Marco Legal para la Paz sustituye la Constitución y abre las puertas para la impunidad de los crímenes cometidos por las Farc.

Congreso

Juan Fernando Cristo, como presidente del Senado, dijo en su intervención que de declararse la exequibilidad por parte de la Corte, el Congreso se enfocará en hacer una ley estatutaria enfocada en las víctimas.

“El Congreso que presido, en caso que se active el acto legislativo, el proyecto de ley estatutaria, tendrá como guía la defensa de los derechos de las víctimas”, manifestó.

Corte Suprema

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, respaldó la iniciativa de la cual dijo es el mejor camino para alcanzar la paz.

Human Rights Watch

El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reiteró su rechazo a la aplicación del Marco al afirmar que este deja en la impunidad los crímenes cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado e incumple tratado internacionales firmados por Colombia.